Los aumentos en las tarifas de los servicios públicosparecen estar lejos de terminar. Sobre todo en la luz y el gas, donde el Estado nacional destina mucho dinero en subsidios y quiere dejar de hacerlo. La política energética que se viene.
“Hay que corregir los precios regulados”, dijo ayer la secretaria de Energía de la Nación, María Tettamanti. La funcionaria libertaria dio a conocer sus próximos pasos en un evento llamado Energy Day organizado por el Econojournal para todo el sector energético del país.
En ese marco, Tettamanti confirmó que la segmentación tarifaria elaborada por el Gobierno Nacional anterior se va a eliminar. “La idea es ir a una tarifa focalizada que es lo más parecido a una tarifa social con un esquema que fomente la eficiencia en el uso“, afirmó. Eso significa que los hogares que mantengan los subsidios tendrán el beneficio hasta un límite de consumo y por encima de ello pagarán el costo real del servicio.
La funcionaria dio a entender que están prontos a publicar el nuevo esquema, pero todavía quedan algunos asuntos por resolver, como la Revisión Tarifaria Integral (RTI). “No debería ser difícil ir a una tarifa justa y razonable“, consideró antes de aclarar que verán “con qué ritmo se puede hacer”. “Si se puede hacer de una sola vez o en dos o tres pasos como se hizo en 2017”, completó.
El fin de la segmentación tarifaria
Un día después de las declaraciones de la titular de la cartera energética salió la Resolución 384/24. Ahí se prorrogó por 6 meses “el periodo de transición hacia subsidios energéticos focalizados”. Esto significa que el esquema actual, el de la segmentación tarifaria, estará vigente hasta el 31 de mayo de 2025.
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De acuerdo a la norma publicada en el Boletín Oficial de este martes, estos seis meses de transición servirán para terminar de elaborar el sistema de subsidios focalizados que aún no se dio a conocer. Sin embargo, Tettamanti adelantó en el Energy Day qué buscan: tarifa justa y razonable, cubrir los costos, amortización para que las empresas inviertan y tener una rentabilidad justa y razonable.
Si bien falta conocer los detalles, hay un dato clave para dimensionar cuánto podrían aumentar las tarifas de los servicios públicos. En noviembre, los hogares del AMBA cubrieron el 53 por ciento de los costos reales y el Estado, vía subsidios, se hizo cargo del resto. Esta es la balanza que la gestión libertaria quiere revertir.
