-Por Julián Pilatti-
La intención de implementar un nuevo sistema de planes sociales por parte del gobierno de Cambiemos, podría desencadenar un conflicto importante con las organizaciones sociales, que tienen un gran poder de movilización.
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A partir de que el Ministerio de Desarrollo Social que dirige la ministra Carolina Stanley anuncie la fusión de dos planes –Argentina Trabaja y Ellas Hacen- y además imponga la condición de terminar los estudios secundarios para seguir percibiendo el plan, las organizaciones sociales se mantienen en alerta porque lo consideran un “ajuste” y un intento de “desarticular las organizaciones comunitarias”.
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“Estuvimos trabajando mucho en la actualización de datos de quienes cobran planes sociales y encontramos que más del 60% de las personas que cobran planes sociales no terminó el colegio secundario, y nos pareció importante poder acompañarlos en este proceso”, dijo al respecto la ministra Stanley.
Hay un total de 260 mil personas que perciben alguno de estos dos planes y que ahora se verán afectadas por el nuevo sistema que quiere imponer el gobierno a través del plan social “Hacer Futuro”.
Pese a que desde el Ministerio de Desarrollo Social lo observa como una oportunidad para que estos puedan finalizar sus estudios secundarios y de esta manera acceder a una mayor oferta laboral, desde las cientos de cooperativas que existen en la provincia no lo ven de la misma forma y alertan sobre las verdaderas intenciones que tendría el gobierno de Cambiemos.
Cooperativa textil.
Frente a la compleja situación para conseguir un trabajo formal, miles de personas se organizan en cooperativas barriales para crear puestos laborales ingeniosos: como grupos de saneamientos, de venta de alimentos, reciclado del cartón, confección de ropa, herrerías, carpinterías, etc.
De esa forma, el nuevo sistema de plan apuntaría a que los beneficiarios accedan al plan únicamente por capacitarse y abandonen la organización barrial en la que confluyen hoy varias cooperativas.
Sin embargo, desde las voces de los que acompañan el trabajo cotidiano de miles de personas organizadas en los barrios y la denominada “Economía Popular”, muestran las consecuencias de esta resolución.
“Presentan un relato de falso de incorporar a la educación la gente que está en la pobreza. Nadie puede estar en desacuerdo de eso. Pero por un lado desmantelan las unidades productivas y en un segundo punto intentan de desarticular las organizaciones sociales”, dijo para INFOCIELO, Daniel Menéndez, líder de Barrios de Pie en la provincia.
“Es un ajuste. Les molesta la organización comunitaria. No se bancan las críticas”, agrega, respecto a lo que podría leerse como un “castigo” del gobierno a las organizaciones, después de haber movilizado en la marcha del 21F en rechazo a las políticas del gobierno de Mauricio Macri.
El referente explicó que de aplicarse el nuevo plan social, los beneficiarios deberían concurrir a los centros de estudios pero correría riesgo su continuidad en las cooperativas de trabajo en los barrios. Un duro golpe para el alma de las organizaciones sociales como Barrios de Pie, la Corriente Clasista y Combativa (CCC), Movimiento Evita y la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP).
La propuesta improvisada del Ministerio de Desarrollo Social no implica ni más control ni más capacitación. Es puro marketing como el “plan empalme”. Lo claro es que así van a destruir 700 proyectos sociocomunitarios dónde trabajan 30 mil laburantes
— Juan Grabois (@JuanGrabois) 26 de febrero de 2018
Así, cuando con el anterior modelo los cooperativistas podían financiarse herramientas para generar trabajo comunitario –como máquinas de coser, palas, rastrillos, recicladoras, etc-, ahora el nuevo plan aspira a que el beneficio económico sea exclusivamente individual.
“La idea es desfinanciar todo esto. El único requisito es estudiar. El ahorro es de 1.500 millones de pesos”, explican.
BUSCAN CAPACITAR PERO CIERRAN ESCUELAS
Por fuera de las voces centrales, el análisis es similar y estiman que esto podría generar una “tensión” muy grande entre el gobierno y las organizaciones, al punto de crear un escenario complejo en los próximos meses.
“En principio me parece correcto la idea de complementar con capacitación para terminar la secundaria. Pero, el gobierno está haciendo todo lo contrario cerrando los planes fines y las escuelas nocturnas. De esta forma, no tendrían a dónde en ir”, considera Daniel Arroyo -Ex ministro de Desarrollo Social en la provincia y Diputado nacional por el Frente Renovador.
“Esto me hace sospechar que están pensando en un recorte. Hay tensión con las organizaciones, hay un intento de ajuste y también una descoordinación con el gobierno nacional y provincial”, dijo para este medio.
La medida resulta tan polémica que hasta un sector de la Iglesia habría mostrado “preocupación” y se sumaría al reclamo de las organizaciones barriales.
Cooperativa en Luján.
En la cual también todavía caben varias incógnitas: de qué forma podrán capacitarse miles de personas a contramano del cierre de escuelas nocturnas y Fines, así como también de qué forma se reemplazará la actividad que realizan cientos de cooperativistas en distintas ciudades, como el saneamiento de calles, arroyos y plazas públicas.
“No nos oponemos a la capacitación, pero lo importante es el trabajo para el crecimiento colectivo e individual. Es una política que intenta desarmar las organizaciones y por otro lado ajustar”, dijo para este medio, Edgardo Jalil de la CTEP La Plata, la Confederación que nuclea a varias cooperativas de la Economía Popular.
Por su parte, desde la CCC recuerdan que en enero hubo 6.500 despidos en el país y que ciudades como La Plata se encuentra tercera en el ranking de distritos con mayor desocupación (10,5%). “Por esto muchos compañeros después de hacer el trabajo en la cooperativa realizan otra changa porque no pueden parar la olla con 4.500 pesos”, ejemplifica Ramiro Berdersegar de la CCC.
Pese a que las organizaciones informaron que todavía están llevando a cabo las negociaciones con el Ministerio de Desarrollo Social, ya anuncian que prevén realizar grandes marchas, cortes y acampes en todo el territorio en caso de que no exista una resolución.
En este caso, la decisión de agudizar la tensión pareciera estar del lado del gobierno nacional.
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