En el marco del proceso de juicio político que lleva a cabo la Cámara de Diputados contra los cuatro magistrados de la Corte Suprema de Justicia, este martes el ex administrador del máximo tribunal, Héctor Daniel Marchi, denunció al juez Horacio Rosatti de negociar fallos por contratos.
Esta tarde, la comisión de Juicio Político receptó el testimonio de Daniel Marchi, quien fuera el titular de la Secretaria General de Administración de la Corte durante 15 años, y fue desplazado hace poco tiempo en medio de denuncias de amenazas.
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La declaración se dio durante la jornada en la que la comisión buscó indagar en torno a las presuntas irregularidades en el manejo de la Obra Social del Poder Judicial de la Nación (OSPJN), una de las acusaciones contra la Corte Suprema que presentó la Coalición Cívica.
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En ese marco, Marchi prestó testimonio por tercera vez -dos en ésta comisión y una en juzgado federal-, y dijo que “los que tienen que dar la cara brillan por su ausencia, dos ministros y dos funcionarios que todavía no fueron citados”.
“Preferí quedarme sin trabajo, pero jamás perder la dignidad y la autoridad, sabía que iba a pasar porque me negué a encubrir a -Mariano- Althabe y a Silvio Robles”, manifestó el ex funcionario en referencia al titular del directorio de la obra social y al vocero del presidente del máximo tribunal, Horacio Rosatti.
En esa línea, reiteró que “no existe organización sin contabilidad integrada, es el escenario perfecto para cualquier hecho de corrupción, una negligencia grave que abarca la gestión de Maqueda y de Rosatti, que no se corresponde con los deberes de un funcionario público”.
Fue entonces que denunció el “posible otorgamiento de contratos para intentar negociar fallos” y señaló “a Silvio Robles por orden del doctor Rosatti”. “Esto es en referencia a la causa iniciada en la ciudad de Santa Fe contra Rosatti por un ex chofer de la municipalidad de Santa Fe, que declaró llevarle dinero todos los meses”, declaró.
También, en la jornada presentó declaración la jueza Federal de San Martín, Martina Forns, quien en carácter de afiliada de la Obra Social del Poder Judicial de la Nación, señaló que “las peores circunstancias de mi vida fueron cuando necesité de esa prestación porque mi marido estaba enfermo y me dejaron abandonada”.
La magistrada refirió que se comunicó “con la secretaria del juez de la Corte Suprema, Juan Carlos Maqueda, ya que él era el encargado de la obra social judicial, pero nunca nadie se contactó para ayudarme”. Y afirmó: “Recibo continuamente amparos de salud por incumplimientos e irregularidades en el manejo de la obra social y la mayoría de los casos se relacionan con abandono de persona”.
Las fuertes acusaciones de esta jornada contra los jueces Carlos Maqueda y Horacio Rosatti, se dieron el mismo día en que ambos magistrados -junto a la firma de su colega Carlos Rosenkrantz– emitieron su fallo en contra de la realización de las elecciones provinciales en San Juan y Tucumán el próximo domingo.
La medida cautelar emitida para frenar las elecciones generó suma polémica entre constitucionalistas, por entender que la Corte se arrogó competencias de la Justicia provincial; a la vez que destacaron el momento en que emitieron el fallo, a tan solo cinco días de los comicios.
Por ello, el presidente Alberto Fernández calificó el fallo de “clara intromisión en el proceso democrático y la autonomía de las provincias”, y advirtió que la Corte “se alineó con la oposición”, en tanto que “se preveía como posibles triunfos del peronismo en las provincias de San Juan y Tucumán”.
De esta forma, diputados del oficialismo podrían sumar una nueva causante de juicio político contra los jueces de la Corte Suprema por mal desempeño de sus funciones, que se sumaría al caso del desmanejo de la obra social del Poder Judicial, el freno a los juicios por delitos de lesa humanidad y la resolución sobre los fondos coparticipables con los que benefició a la Ciudad de Buenos Aires.
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