El plan de ajuste del Gobierno Nacional encontró un freno en el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA). Es cierto que la motosierra de Milei ya había enfrentado algunos límites, por ejemplo en las universidades, pero este caso puntual hay una novdedad: la alianza entre sindicatos y la Mesa de Enlace Agropecuaria. ¿Nuevo cortocircuito con el campo?
Lo concreto es que ayer se reunió el Consejo Directivo Nacional del INTA. Ahí, el titular del organismo designado por Javier Milei hace un mes pretendía aprobar su paquete de reformas presentado como un “plan de modernización” por el vocero presidencial, Manuel Adorni. Esa iniciativa incluía, entre otras cosas, vender edificios y tierras del organismo (tiene unas 116 mil hectáreas en todo el país) y despedir a 227 personas.
Los primeros en rechazar ese programa de ajuste fueron los gremios de trabajadores estatales. Tras hacer protestas en distintos puntos para denunciar lo que estaban proponiendo las autoridades libertarias, llegaron al día clave: el de la reunión del consejo directivo en la que se iba a tratar (y votar) el plan.
“Después de 12 horas de trabajo no llegaron a un acuerdo“, anunció anoche el secretario general de APINTA, Mario Romero. Visiblemente emocionado, el dirigente gremial contó que “las autoridades institucionales se plantaron en su postura de avanzar en el paquete cerrado y el resto de los consejeros directivos se levantaron la reunión y la dejaron sin quórum“.
Esos otros consejeros fueron designados por universidades nacionales y por las grandes organizaciones del campo: la Sociedad Rural (SRA), la Federación Agraria (FAA), CONINAGRO, la Confederación de Rurales (CRA) y AACREA. De esta manera, la Mesa de Enlace de Entidades Agropecuarias vuelve a diferenciarse de un Gobierno que lo quiere como aliado.
Según Romero, “la unidad en la lucha” de los gremios y las organizaciones del agro fue fundamental “para que esto se pueda parar”. Sin embargo, el dirigente sindical aclaró que es “por un tiempo” porque se espera que haya una “reunión extraordinaria” en la que podría volver a tratarse el plan de la gestión libertaria.
