La comisión de Juicio Político, que preside la diputada Carolina Gaillard (FdT), realizó una nueva audiencia testimonial en la Cámara de Diputados, en el marco de la investigación del fallo Coparticipación-Ciudad de Buenos Aires por parte de la Corte Suprema de Justicia por las causales previstas en el artículo 53 de la Constitución Nacional.
El exministro de Justicia y Seguridad porteña, Marcelo D’Alessandro– quien fue citado por tercera vez bajo apercibimiento, brindó explicaciones sobre el traspaso de la policía federal: “Como ex Ministro de Justicia y Seguridad de CABA, nos hicimos cargo de la ejecución de una ley moderna donde se implementó el Plan Integral de Seguridad, en el cual la policía federal se unificaba con la metropolitana”, dijo.
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Ante las consultas sobre chats filtrados del celular de D’Alessandro, en el que habría conversaciones con Silvio Robles-colaborador del presidente de la Corte, Horacio Rosatti- sobre el fallo de coparticipación y Consejo de la Magistratura, dijo: “La denuncia la hice cuando me robaron la línea. Quiero aclarar que hay causas abiertas y la justicia determinó, a través de dictámenes, que al tomar posesión del teléfono se podían crear, alterar y editar diferentes conversaciones. Lo que se vio no es una filtración sino una operación de inteligencia”.
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Respecto a la pregunta sobre “sí conocía a Robles, si había estado en una fiesta” el testigo se amparó en el artículo 18. “No estoy omitiendo verdad ni mintiendo, simplemente estoy haciendo uso de mi derecho porque estas causas en particular tienen que ver con estos supuestos chats, que ya la justicia ha dictaminado que son un delito, pero también hay otras causas. De hecho, el Ministro de Seguridad de la Nación me ha denunciado con lo cual entiendo que hay situaciones que pueden vulnerar mi derecho de defensa”, aseveró.
En cuanto a las audiencias con la Corte para tratar la coparticipación, D’Alessandro dijo que “participó de las audiencias y no recuerdo si fueron cuatro o cinco. En las reuniones previas estaban los representantes de la Ciudad y del Gobierno Nacional y, en la audiencia final, lo mismo”. A su vez, contestó que Robles “en las audiencias previas no estuvo presente nunca y en las posteriores: no recuerdo”.
Asimismo, diputados del oficialismo le preguntaron por su renuncia al cargo y el testigo aclaró que renunció “por motivos personales”. “Yo no tengo que valerme de ningún cargo ni fuero para defenderme de acusaciones”, manifestó y respondió que “bajo ningún punto de vista” había recibido presiones para hacerlo.
Gabriel María Astarloa, procurador General de la Ciudad de Buenos Aires, declaró que “representamos en juicio a la Ciudad de Buenos Aires, no solamente desde la Procuración General. Hemos sido responsables en el caso de coparticipación, no tan sólo de la acción declarativa de inconstitucionalidad que presentamos a finales de diciembre una vez sancionada la ley, sino también, de la acción de amparo que habíamos presentado en septiembre cuando se dictó el decreto”.
“Tanto el decreto como la ley después, violaron gravemente preceptos constitucionales y obviamente agravian a la Ciudad. Están violados el federalismo de concertación que está previsto en la Constitución nacional en todo el régimen de coparticipación”, agregó.
Astarloa puntualizó que quedó “gravemente herida la autonomía de la Ciudad por sus recursos intangibles y una competencia natural que es su competencia en seguridad. Pusieron gravemente en juego esa función, aseveró y testificó que presentaron una nulidad e inconstitucionalidad de estas normas y luego de las audiencias se notificó a la Corte que no hubo acuerdo de las partes.
En el comienzo de la reunión, la presidenta de la Comisión aclaró que Federico De Lorenzo, de la Secretaría de Jurisprudencia de la Corte Suprema (que estaba citado a la reunión), justificó su inasistencia.
Además, el bloque del Frente de Todos volvió a pedir información a la Corte Suprema sobre la existencia de causas judiciales en las cuales esté involucrado Robles por “ampararse en el artículo 18 de la Constitución Nacional constantemente en su declaración, y, en caso de ser así, si le han abierto sumario”.
En tanto, la Comisión requirió información a la justicia federal sobre causas judiciales que tenga abiertas D´ Alessandro, quien en ocasiones también se amparó en el mismo artículo.
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