Una ley impulsada por el gobierno de Mauricio Macri pretende ser modificada por el oficialismo, y en la Cámara de Diputados ya se debate un escrito para transparentarla. Se trata de la ley de Sociedades por Acciones Simplificadas (SAS), sancionada en marzo del 2017.
Cabe recordar que esa ley permitía la creación de “un nuevo tipo de sociedad que se constituye de una manera más fácil que una sociedad anónima. La pueden formar una o varias personas humanas o jurídicas”.
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De visita por Olavarría, el gobernador afirmó que el clima de apatía para participar de las elecciones es propiciado y disfrazado de apatía por LLA. “La destrucción de Milei es una realidad, no hay que teorizar más. Por eso quieren que la gente se quede en su casa” dijo.
Y tenía una particularidad: “No es necesario que pruebe su domicilio al iniciar el trámite. Para eso tiene un plazo de 12 meses desde su constitución como SAS“, puede leerse en la propia página del gobierno, desde la lógica del apoyo al capital emprendedor.
La otra facilidad era que el CUIT de la sociedad, por el que uno puede facturar, “se entrega dentro de las 24 horas de iniciado el trámite“.
El proyecto para modificar esa ley busca transparentar la opacidad del marco jurídico en el que se desarrollan las SAS, y tiene como autores a la presidenta de la Cámara de Diputados de la Nación, Cecilia Moreau; al titular del bloque del Frente de Todos, Germán Martínez; y la secretaria de dicha bancada, Paula Penacca.
En los fundamentos, la norma advierte “un bajo nivel de control y regulación de aspectos esenciales del tipo societario, escenario que posibilita el desarrollo de actividades ilícitas”.
Y, en esa misma línea, expresa que “la regulación laxa e imprecisa que rige para las SAS se ha convertido en el rostro jurídico de sociedades que tienen como fin el lavado de activos, entre otros, provenientes del narcotráfico”.
Durante la reunión informativa expusieron Daniel Erbetta, presidente de la Corte Suprema de Santa Fe; Walter Rodríguez, titular de la fiscalía Federal 2 de esa provincia; Ricardo Augusto Nissen, inspector General de la Inspección General de Justicia (IGJ); Nicolás Vergara, jefe de Gabinete de Asesores de la Unidad de Investigación Financiera (UIF); y José Bianchi, subdirector General de Recaudación de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP).
En primer lugar, el doctor Erbetta expresó que “el concepto de personalidad jurídica se ha resquebrajado bastante en los últimos años en la legislación argentina”. “Las SAS son una herramienta apta con mucha idoneidad e importante para el desarrollo del capital emprendedor”, señaló y al respecto hizo mención a que el problema no es el instrumento, sino la falta de fiscalización y control. “Hay que repensar la necesidad de generar una fuerte articulación entre los organismos de control del Estado”, pidió.
Por su parte, el fiscal Rodríguez hizo referencia a los fundamentos del proyecto donde se explica la investigación que él llevó adelante sobre una pesquisa a una avioneta con 200 kilos de cocaína que se estrelló en Santa Fe, donde la banda vinculada al incidente creó, cuanto menos, 40 SAS en el período comprendido entre marzo del 2018 y abril del 2020. “Hay muchas facilidades otorgadas para la conformación de una SAS ya que mediante los trámites a distancia puede ponerse rápidamente en funcionamiento. Se necesita controlar el mal comportamiento para evitar arbitrariedades“, subrayó.
Finalmente, Nissen afirmó que “las sociedades por acciones simplificadas nacieron como una sociedad sin controles”. “Las SAS tiene posibilidad de permanecer en la legislación argentino en la medida que haya control estatal. En las SAS siempre estuvo todo mal, no tienen nada de emprendedor los que las hacen. Vivos todos, pero emprendedores ninguno. Es fundamental reglamentar o un registro de un emprendedor“.
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