La diputada nacional Victoria Tolosa Paz, junto a sus pares Juan Marino, Hugo Yasky, Daniel Gollán, Julio Pereyra, Sabrina Selva y Brenda Vargas Matyi, presentó una denuncia penal contra el presidente Javier Milei por su decisión de avanzar en un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) a través de un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU). La presentación judicial fue realizada el 10 de marzo y recayó en el Juzgado Criminal y Correccional Federal N°2, bajo el expediente CFP 888/2025.
Según la denuncia, el anuncio del Poder Ejecutivo de rubricar el acuerdo con el organismo internacional por decreto constituye una violación a la Constitución Nacional y a la Ley 27.612, conocida como la “Ley de Fortalecimiento de la Sostenibilidad de la Deuda Pública”, que exige la aprobación del Congreso para cualquier operación de crédito público.
“El intento del Ejecutivo de aprobar este acuerdo vía DNU viola la Constitución y la ley que protege a nuestro país de decisiones unilaterales en materia de deuda externa”, publicó Tolosa Paz en sus redes sociales, al tiempo que remarcó que se trata de “una amenaza al sistema democrático y un avasallamiento institucional”.
Detalles de la denuncia
En la denuncia formal, los diputados señalaron que los hechos podrían configurar delitos como abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público, según los artículos 248 y 249 del Código Penal. También invocaron la posible existencia de una “gravedad institucional” que habilitaría la intervención del Poder Judicial incluso antes de la consumación del delito, dado que ya existen actos preparatorios con principio de ejecución.
La decisión del Gobierno fue anunciada oficialmente el 6 de marzo a través de un comunicado de la Oficina del Presidente. Ese mismo día, el diario El Cronista publicó un artículo en el que la portavoz del FMI, Julie Kozack, afirmó que el respaldo del Congreso era una cuestión “interna” de la Argentina, sin carácter obligatorio para el organismo. Para los denunciantes, esto representa una “inaceptable intromisión” en los asuntos constitucionales del país y pone en evidencia la falta de legalidad del mecanismo elegido.
Los legisladores pidieron al Tribunal que suspenda cualquier acto que permita avanzar con este “obrar delictivo” y advirtieron que no permitirán “que se hipoteque el futuro de los argentinos sin el debido control institucional”. En la denuncia también hacen referencia a los artículos 29 y 36 de la Constitución Nacional, subrayando que cualquier acto de esta naturaleza carece de validez jurídica.
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“La democracia se defiende respetando la ley. No vamos a permitir que se gobierne por decreto en temas que comprometen a generaciones enteras”, concluyó Tolosa Paz, quien además fue ministra de Desarrollo Social durante el gobierno anterior.
