Cuesta encontrar resultados en las negociaciones para la ley de emergencia que pide Kicillof

La primera gran negociación de la era Kicillof, que se despliega en estos momentos la Legislatura provincial, está llena de incógnitas. Las conversaciones -negociaciones- entre oficialistas y opositores continúan y las sesiones están aplazadas con sendas prorrogas sin hora.

Como se sabe, hay un temario corto en discusión, pero al mismo tiempo de consecuencias inmensas. El proyecto de ley que la administración Kicillof quiere sancionar; bajo el significativo título de Emergencia Social, económica, productiva y energética en el ámbito de la provincia de Buenos Aires, tiene amplias consecuencias.

Al mismo tiempo también el oficialismo quiere avanzar en la designación de algunos funcionarios que necesitan acuerdo del Senado, pero esas conversaciones también están estancadas por el momento.

Más liberada está la posibilidad de aprobar un “mini” presupuesto con extensión hasta el 31 de marzo de 2020, con endeudamiento y sin ley Impositiva, por el momento. Aunque algunos entienden que tal vez las Cámara tenga que sesionar las próximas semanas antes de que termina el año para aprobar precisamente la ley que fija en gran medida los ingresos tal como resulta la Impositiva.

Juntos por el Cambio resiste de manera frontal la aprobación de las Emergencia en los términos que se presentaron, pero se sabe que está sufriendo muchas y muy variadas modificaciones ese texto por lo que se especula que se estarían acercando las partes por lo que la sesión sigue siendo una posibilidad.

Más allá de la grieta entre oficialistas y opositores, hubo un rechazo trasversal a dos artículos de la Ley de Emergencia por parte de los intendentes bonaerenses. Uno de ellos tiene que ver con el siempre discutido Fondo Educativo. En el marco de la Emergencia, el Poder Ejecutivo provincial quería afectar el 100 por ciento de esos recursos a la mejora de la infraestructura de escuelas de gestión pública.  

Otro, el 34, establece una modificación permanente a la Ley de Administración Financiera que amplía los alcances de la Tesorería hasta permitirle "centralizar y registrar diariamente el movimiento de los ingresos de fondos, títulos y valores originados en la ejecución de Programas Nacionales destinados a Municipios y, previa intervención del Ministerio de Hacienda y Finanzas, disponer sus transferencias a tales jurisdicciones”.

Combinados, esos dos artículos eliminan el "goteo diario" de los recursos nacionales y deja a discreción de la Provincia su llegada a las arcas municipales. Oficialistas y opositores señalaron que es violatorio de la autonomía municipal y lograron que se someta a cambios. Así transcurren las horas en los salones de la Legislatura.