Productores con riego del valle bonaerense reclaman la inmediata intervención del ministro de Desarrollo Agrario de la Provincia, Javier Rodríguez, en la Corporación de Fomento del Valle Bonaerense del Rio Colorado, conocida como CORFO Río Colorado.
Nucleados en el Consorcio Hidráulico, realizaron una denuncia penal contra las autoridades del organismo por los posibles delitos de facturas apócrifas, falsificación, estafa, encubrimiento, malversación de caudales públicos y/o asociación ilícita.
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La decisión fue anunciada horas antes de que el veto de Javier Milei se trate en la Cámara de Diputados de la Nación.
El CORFO Río Colorado es una entidad autárquica con capacidad de derecho público y privado. Funciona como autoridad y policía del agua, que regula las concesiones de riego y actúa como órgano de control y fiscalización, y decide las políticas públicas del manejo del recurso.
Los ojos están puestos sobre el ahora ex gerente administrativo (presentó la renuncia), el contador Cristian Eval, luego de conocerse una factura de Lorena Alejandra Costantini, de profesión fotógrafa y con vínculo familiar con un empleado, realizada al CORFO por la suma de $ 231 mil en concepto de la realización y reparación de un puente del canal unificador III, descripto en la factura emitida.
Según los registros de AFIP, la mujer inició actividades como contribuyente el 1/07/2020 y expidió la factura cuestionada el día 8/07/2020, con numeración 1 del talonario electrónico.
Los denunciantes temen que se trate de una estafa y advierten que Constantini no posee experiencia ni antecedentes en el desarrollo de la actividad y que el pago fue efectivizado y girado por el gerente administrativo.
Incluso denunciaron que el trabajo no se hizo, aunque desde CORFO Río Colorado aclararon que sí, pero que “el enunciado de la factura no coincidía con lo que se realizó”.
Subrayan además los denunciantes que para llegar a ese pago, primero fue necesaria la autorización del gerente técnico Marcos Aragón, a cargo de la solicitud de presupuestos y aprobaciones, y el gancho del administrador general, León Somenson.
También pusieron la lupa sobre unas cuantas facturas de la Cooperativa de Trabajo Ave Fénix Limitada, cuyo domicilio legal es Calle 34 Nº 351 de Pedro Luro, casualmente un inmueble que pertenece al CORFO y que había sido cedido a Eval para que allí viviera.
En su descargo, el mencionado Someson dijo por escrito que Eval no tiene vínculo con la cooperativa, sin embargo en una declaración jurada del 2019, declaró que prestaba trabajo como asesor contable para esa organización desde el año 2017.
Luciano Príncipe, presidente del Consorcio Hidráulico, aclaró que “bajo ningún concepto creemos que la institución tiene que desaparecer, pero pedimos transparencia, normalización y optimización de los recursos. Aportamos el 80 % de su presupuesto, y exigimos tener una mayor participación en el control de gastos”.
Por si fuera poco, se conoció que Someson se acogerá los beneficios de la jubilación en los próximos días, y que Aragón también dejará su cargo en CORFO Río Colorado. En consecuencia, en lo sucesivo el ente se quedaría sin administrador general, sin gerente técnico, y sin gerente administrativo.
No obstante, el administrador general confirmó finalmente el inicio de un sumario, que incluye entre otras decisiones, sugerirle al Ejecutivo provincial la creación de una comisión veedora para tal fin.
Los regantes de los partidos de Villarino y Patagones reaccionaron con vehemencia ante esa noticia. “Seguimos exigiendo a CORFO que nos exhiba en qué gasta y cómo gasta el dinero que aportamos”, reclamaron desde las redes sociales.
En concreto, buscan que las autoridades presenten al Consejo Consultivo “la totalidad de los comprobantes de gastos recibidos en los últimos cuatro años”.
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