Tras varios idas y vueltas -que comenzaron en octubre-, y por expreso pedido de la fiscal Betina Lacki, la Dirección de Legal y Técnica de la Cámara de Diputados bonaerense entregó este miércoles un listado con más de 400 nombres de empleados que trabajan -o trabajaron- en esa área.
La investigación se da en el marco de la causa por estafas, fraude y asociación ilícita que se le sigue a Julio “Chocolate” Rigau, un puntero-trabajador de la Cámara baja que fue hallado en un cajero con 48 tarjetas de débito que estaban a nombre de personas que figuraban como supuestos empleados de la Cámara.
La causa tuvo varias etapas, entre detenciones, pedidos de excarcelaciones y liberaciones. Luego de que la justicia apresara al puntero político, dos camaristas invalidaron el accionar policial y pidieron la liberación a Rigau tras 12 días de detención. Pero luego la Cámara de Casación Penal bonaerense revocó el fallo que determinaba la nulidad de la causa. Por ello, la fiscal volvió a retomar la investigación.
Pero un nuevo capítulo de esta historia se abrió hace poco menos de 10 días, cuando detectaron a otros dos cobradores de la Legislatura Bonaerense que cumplían la misma función que él: sacar el dinero de los cajeros con tarjetas de débitos de otras personas. Iban a cajeros del Banco Provincia a primera hora de la mañana y en ocasiones se cruzaban con el propio Chocolate.
Ahora, y tras cinco pedidos -por parte de Lacki- que no tuvieron éxito debido a que desde la Dirección de Legal y Técnica argumentaban que se trataba de datos personales y que la información no tiene relación “con el objeto de la causa”, entregaron un listado con más de 400 nombres y apellidos.
Entre tantos vaivenes, la fiscal incluso llegó a amenazar con la posibilidad de llevar adelante un allanamiento si no se facilitaba esta información.
Entre los nombres del listado aparecen Claudio Albini (subdirector de Personal) y su hijo, el concejal Facundo Albini, dos de las personas implicadas en el caso y que fueron encarceladas poco tiempo después de la detención de Chocolate. Según se desprende de los mensajes que se extrajeron del celular del puntero, los Albini eran los “jefes” de Rigau.
Con esta nueva información solicitada por la fiscal y entregada este miércoles, se podrá avanzar significativamente en la investigación que rodea a los contratos de los empleados apuntados como “ñoquis”, que proporcionaban sus tarjetas de débito para que el puntero -y sus jefes- puedan retirar fondos en cajeros automáticos a cambio de un porcentaje del sueldo.
Desde la Dirección aclararon que la Cámara de Diputados “posee todas las atribuciones constitucionales para disponer acerca del nombramiento y funcionamiento de su personal sin injerencia de los otros poderes del Estado”.
Además, señalaron que “resulta una regla elemental de nuestro derecho público que cada uno de los altos poderes que forman el Gobierno ejerce su propia administración y aplica e interpreta su propio reglamento“. En este sentido, el pedido de la fiscal sería considerado “una injerencia sobre asuntos internos” de otro poder del Estado.
