En una nueva escalada de declaraciones que generaron amplio rechazo, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, exigió públicamente que los clubes del fútbol argentino expulsen a los socios que participaron de la marcha autoconvocada por hinchas y jubilados frente al Congreso Nacional. La funcionaria también pidió que cada institución emita un comunicado oficial deslindando su responsabilidad en la convocatoria, a pesar de que no hubo una organización formal por parte de las entidades deportivas.
“Vamos a pedirles formalmente a todos los clubes que, cuyas hinchadas participaron, hagan declaraciones de repudio y expulsen a todos los asociados que estuvieron en la marcha. Expulsión inmediata”, sostuvo Bullrich en una conferencia de prensa, sin dejar lugar a dudas sobre el tono imperativo de su solicitud.
La ministra también denunció la presencia de barrabravas de distintos clubes en los enfrentamientos que ocurrieron durante la protesta. Nombró a hinchas de Gimnasia de La Plata, Deportivo Merlo, Tigre, Independiente y All Boys, entre otros. Sin embargo, no presentó pruebas concretas ni identificaciones individuales que sustenten su reclamo. “La dirigencia que sea cómplice tendrá la misma pena y será parte de la asociación ilícita”, advirtió, en lo que podría interpretarse como una amenaza directa a las autoridades de los clubes.
Además, Bullrich anunció que enviará un proyecto de ley “antibarras”, que establecería la figura de asociación ilícita en el ámbito del fútbol, en un intento por ampliar las herramientas penales contra organizaciones violentas. Pero su pedido a los clubes va mucho más allá de combatir a los barrabravas: busca castigar a cualquier asociado que haya asistido a una manifestación pública, algo que no constituye delito alguno y que se encuentra amparado por la Constitución Nacional.
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El reclamo del Gobierno generó un inmediato repudio en redes sociales, donde usuarios de todo el país calificaron la exigencia como un acto de persecución ideológica y autoritarismo. “Solo en la mente de un dictador puede caber la idea de que un club tiene que echar a un socio que fue a hacer un reclamo”, escribió un usuario. Otro apuntó: “Que ella eche a todos los policías que intentaron matar a un fotógrafo y dejaron patrulleros abiertos con armas tiradas”.
La decisión de Bullrich, en caso de ser acatada por algún club, podría derivar en demandas judiciales por violación de derechos constitucionales. Como bien expresaron decenas de hinchas en redes: “Manifestarse no configura delito alguno” y “la locura es total: ¿un club va a echar a sus socios porque participaron en una manifestación?”.
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La gran mayoría de los clubes aún no se han pronunciado oficialmente, pero la presión gubernamental los coloca en una situación delicada, entre la posibilidad de ser denunciados por el Ejecutivo y el riesgo de incurrir en una grave violación de derechos civiles si acceden al pedido.
La ministra aún no habló con Claudio “Chiqui” Tapia, presidente de la AFA, pero adelantó que en los próximos días formalizarán el pedido. En este contexto, la pretensión del gobierno no solo genera polémica: deja abierta una discusión urgente sobre los límites del poder estatal y el respeto por las libertades fundamentales.
