El Gobierno de Javier Milei oficializó un nuevo paso en su cruzada contra los derechos laborales: la Comisión Nacional de Valores (CNV) reglamentó el llamado “Sistema de Cese Laboral”, un régimen que permite a las empresas reemplazar las indemnizaciones por un fondo financiero que, en los hechos, traslada el costo del despido a los propios trabajadores.
La normativa, elaborada junto al ministro Federico Sturzenegger, establece que empleadores y trabajadores podrán acordar, en el marco de los convenios colectivos, un mecanismo alternativo al artículo 245 de la Ley de Contrato de Trabajo, que garantiza la indemnización por antigüedad. En lugar de ese resarcimiento económico al momento del despido, se permitirá constituir una suerte de fondo previsional, administrado por Fondos Comunes de Inversión (FCI) o Fideicomisos Financieros (FF).
Desde el Gobierno celebran la medida como una “modernización” del mercado laboral. “Esta propuesta tiene potencial para transformar profundamente la forma en la que se implementan y acuerdan las indemnizaciones”, sostuvo el presidente de la CNV, Roberto E. Silva. Y remató: “Promovemos los valores de la libertad en Argentina”.
Pero detrás de esa retórica libertaria, se esconde una transformación regresiva. Bajo este régimen, cada empresa o sector podrá definir el porcentaje del salario o monto fijo que se destinará al fondo, el cual será inembargable y no podrá recibir aportes por fuera de los ya establecidos entre empleadores y trabajadores. En otras palabras, lo que hoy es un derecho garantizado por ley se convierte en una cuenta sujeta a las condiciones que pacten las partes, en un contexto de creciente debilidad sindical.
Un modelo de retiro patronal
La medida no es obligatoria, pero establece un nuevo piso: lo que antes era una obligación legal, ahora puede ser reemplazado por un fondo que las propias patronales pueden aportar de manera optativa, y con la posibilidad de diseñar sus propias reglas de juego. Incluso, una vez que el trabajador accede a las cuotapartes del fondo, no podrá hacer nuevas suscripciones, lo que limita su capacidad de decisión sobre esos recursos.
El nuevo régimen también flexibiliza los controles: en el caso de los fideicomisos financieros, por ejemplo, no será obligatorio presentar ni publicar un prospecto en el sitio de la CNV. Los fiduciantes podrán ser múltiples y se podrán emitir valores adicionales, generando instrumentos a medida del interés empresario. Todo en nombre de “impulsar el desarrollo del mercado de capitales”.
Esta reforma, que se presenta como voluntaria y técnica, constituye en realidad un nuevo avance sobre las conquistas laborales de décadas. Una renuncia velada al sistema de protección del trabajador ante el despido, que termina privatizando el riesgo y desligando a las empresas de su responsabilidad histórica. Bajo el sello de la “libertad”, lo que se garantiza es la libertad del empleador de pagar menos, o incluso nada.
