El Gobierno decidió iniciar cortes de suministro de agua a los usuarios que no estén al día con el pago de sus facturas de Agua y Saneamientos Argentinos (AySA) . Esta medida, adoptada como parte del proceso de “normalización” impulsado por Javier Milei, busca que la empresa pública funcione bajo los mismos criterios que una firma privada.
A partir del lunes, los usuarios con deudas recibirán notificaciones por correo postal y electrónico sobre el inminente corte del servicio. Hasta ahora, se priorizaba el acceso universal al agua potable, considerando este recursos como un servicio público esencial. Sin embargo, con la llegada de Milei a la presidencia, la directiva cambió. “Si no pagás la factura de Edenor o Edesur te cortan la luz, acá tiene que pasar igual”, señalaron desde la empresa.
AySA registra actualmente 700.000 usuarios en mora. Para evitar los cortos, se ha implementado un programa de regularización de deudas, que incluye opciones de pago en cuotas e indultación de intereses acumulados. Esta medida coincide con un nuevo aumento en las tarifas del servicio.
El costo del agua potable en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) se ha cuadriplicado este año, con un incremento del 3% programado para diciembre. Según un informe del Observatorio de Tarifas y Subsidios de la UBA y el Conicet, el precio del agua subió un 305% interanual, lo que complicó la situación de los hogares. En noviembre, una familia tipo necesitó $134.173 para cubrir servicios básicos sin subsidios, reflejando la presión de los aumentos.
Cambios en el marco regulatorio de AySA
Desde AySA explicaron que las restricciones y cortes del servicio están respaldados por la normativa vigente. “En el caso de registrarse deuda en un inmueble, AySA está facultada para restringir o cortar el servicio por falta de pago”, afirmaron. Para los usuarios residenciales, sólo se permite una restricción del suministro, asegurando un caudal mínimo de agua. En cambio, los usuarios no residenciales pueden enfrentar cortes totales. Estas acciones, indicaron, solo se implementarán tras la debida notificación y una vez agotadas las instancias de reclamación.
La decisión de endurecer las políticas de cobranza se enmarca también en los planes de privatización de AySA, habilitados por el Congreso mediante la Ley Bases. Según fuentes del Gobierno, la empresa debe ser “normalizada” para estar en condiciones de ser transferida al sector privado.
