La denuncia de recusación contra la jueza María Eugenia Capuchetti, a cargo de la investigación por el intento de magnicidio contra Cristina Kirchner, cayó en manos de Leopoldo Bruglia, miembro de la sala primera de la Cámara Federal porteña.
Se trata de uno de los magistrados que resolvió la liberación de los integrantes de Revolución Federal, la agrupación política de derecha señalada como presunta impulsora de los hostigamientos hacia CFK y acusada de dar financiamiento a quienes atentaron contra la vida de la vicepresidenta.
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Aquella decisión ocasionó un fuerte malestar en el oficialismo. Incluso el presidente Alberto Fernández, sorprendió con un duro posteo en el que cuestionó la determinación: “Pareciera que lejos de querer esclarecer el hecho y llegar a sus máximos responsables, están empecinados en tapar lo obvio: que una banda criminal con ramificaciones y financiamiento oscuro atentó contra la vida de la vicepresidenta de la Nación” lanzó.
En sus redes sociales, el Jefe de Estado habló de presuntas irregularidades que permitieron a los camaristas acceder a la Sala 1 de la Cámara Federal de Comodoro Py (por Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi): “Ocupan sus asientos de forma contraria a la Constitución, interviene en una causa de relevancia institucional” afirmó.
Las consideraciones del Presidente, ocasionaron el enfado del Leopoldo Bruglia, quien renunció a la Asociación de Magistrados, molesto por la falta de intervención de sus autoridades:
“Que ustedes no adviertan la gravedad institucional de los dichos del Presidente de la Nación y de las expresiones del Ministro de Justicia, claramente ofensivos hacia mi investidura y sobre todo falaces -generando una deslegitimación en mis funciones que resultan inaceptables- es motivo eficiente para que, sin dejar pasar más tiempo, renuncie a mi vocación asociativa con la dirigencia de esa Asociación”, señaló.
El pedido de recusación de Cristina Kirchner a Capuchetti
Días atrás, los abogados defensores de la vicepresidenta concretaron la solicitud de recusar a Capuchetti como jueza a cargo de la investigación del atentado perpetrado el 1 de septiembre, en tanto que consideran que la magistrada frenó líneas de investigación que alcanzarían a líderes de la oposición.
Los fundamentos del pedido- que ya rechazó María Eugenia Capuchetti- fueron detallados en las últimas horas a través de un video que la vicepresidenta colgó en sus redes sociales.
En particular, Cristina Kirchner cargó contra el diputado nacional del PRO, Gerardo Milman, debido a dos proyectos que presentó en la Cámara baja antes del atentado: en el primero, del 18 de agosto, alertaba sobre “un posible falso atentado contra Cristina”; mientras que en el segundo, del 31 de agosto -un día antes del atentado-, “presentó un pedido de informes para conocer el funcionamiento de la custodia de la vicepresidenta y su familia, la cantidad de agentes y vehículos asignados”.
La hipótesis de la participación del diputado y ex viceministro de Seguridad nacional salió a la luz a partir de la declaración de un asesor de un diputado oficialista, quien declaró al día siguiente del atentado que escuchó a Milman decir en un bar que “cuando maten a Cristina voy a estar yéndome a la Costa”. La Justicia confirmó la presencia del diputado Milman ese día en ese lugar, pero la jueza Capuchetti aún no decidió llamarlo a declarar.
“La investigación comenzó muy mal. A las pocas horas del atentado y bajo la custodia de Capuchetti se destruyó y borró el contenido del celular de Fernando Sabag Montiel, el asesino que gatilló el arma a 15 centímetros de la cara de Cristina Kirchner”, señala el video difundido hoy por Cristina Kirchner, y repasa los argumentos por los cuales decidió recusar a la jueza.
En otro pasaje, el video de la vicepresidenta muestra los vínculos de la jueza Capuchetti con la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) durante el Gobierno de Mauricio Macri. Y expone: “Durante el gobierno de Mauricio Macri y antes de ser asignada en el cargo, Capuchetti era una asidua visitante de la Agencia Federal de Inteligencia. La hermana de Capuchetti trabajó en el área de escuchas de la Dirección de Contrainteligencia en el mismo periodo en el que se desarrolló el espionaje ilegal” contra el Instituto Patria.
Por último, alude a las conexiones de la jueza con Comodoro Py y el Grupo Clarín, y sostiene que “Capuchetti se reunió con el editor general de Clarín, Ricardo Roa, quien había inventado la teoría de un loquito suelto.”
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