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Ataques a silobolsas: para Ramiro Gutiérrez “no hay forma de saber quién está detrás”

El diputado Ramiro Gutiérrez analizó los puntos del proyecto de Ley presentado por Sergio Massa. El cuadro de situación actual, las posibles penas y el impacto en la economía después de la pandemia.

Las imágenes circularon y circulan con fuerza en los medios de comunicación y las redes sociales. Miles de toneladas de granos yacen sobre el campo. Millones de pesos –potenciales dólares- desperdiciados tras un acto de vandalismo. De fondo, un silobolsa incendiado o abierto de par en par. Ningún culpable, ningún responsable debido al limbo legal del actual Código Penal. Punto por punto, los alcances del proyecto de Ley que Sergio Massa presentó en la Cámara Baja y el impacto que busca tener en la economía post pandemia.

“Hasta ahora, el Código Penal prevé algunas regulaciones como el estrago para los ataques a la producción, pero que son de una aplicación imposible porque se enmarcan dentro de los denominados delitos contra la Seguridad Pública. El estrago, para que se entienda, es lo que sucedió en Cromañón”, advierte el diputado que acompaña el proyecto, Ramiro Gutiérrez, en diálogo con Infocielo.

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El proyecto impulsa la modificación de los artículos 186 y 189 del Código Penal para introducir la figura del “vandalismo rural” y poder dar respuesta a los ataques, hasta ahora contemplados como “daños”, cuya pena es de un año.

-¿Cuál es el resguardo legal que tiene hoy un productor?

-En la actualidad, no está previsto por el Código Penal una pena efectiva para quien salte un alambrado o cruce una tranquera e ingrese a la propiedad de alguien por el sólo hecho de dañar. Los ataques al campo figuran como ‘estragos’, que en realidad son delitos contra la seguridad pública. Es por eso que los ataques quedaban en un vacío legal importante: entre los daños, de un año de pena; y los estragos, casi imposibles de probar.

-¿Cuál será la pena por vandalismo rural en caso de aprobarse el proyecto de Ley presentado?

-Estamos hablando de un delito que contempla una pena de tres a cinco años, por lo cual en caso de que sea un daño calificado, un juez podrá ordenar el cumplimiento efectivo de la condena. Estos son delitos que muchas veces se sorprenden en el momento, por lo cual el fiscal va a poder tener las herramientas para solicitar la detención en el acto y después el juez estará facultado para ordenar el cumplimiento efectivo, en caso de encontrarlo culpable.

-¿Cuán expuesto está un silobolsa hoy?

Estamos hablando de una estructura promedio de 75 metros de largo y un grosor de 270 micrones, una pared comparable con un sachet de leche. Es muy fácil de dañar con la utilización de un elemento punco cortante. Estamos hablando de una acción de unos diez o quince minutos, que arruina en promedio unas 400 toneladas de granos.

-Un promedio de tres millones de pesos de producción que se pierden en menos de media hora

-Exacto y en muchos casos estamos hablando de la producción total de un pequeño productor en un año. La mayoría de las personas que se están iniciando en la actividad con 100 ó 200 hectáreas, y que tal vez sacó un crédito para comprar la máquina embolsadora, no se recupera más de un ataque así.

-¿Llevan alguna estadística o registro de los ataques en el sector?

-Hoy es imposible, porque hay muchos casos que no se denuncian por el vacío legal que estamos planteando. La Ley permitirá la elaboración de un registro y, entre otras cosas, un censo de silobolsas a nivel nacional, por ejemplo. Lo que se busca es proteger a todo el sector productivo: desde lo no cosechado (que aún está en la planta), la post cosecha, lo cargado (cuando se encuentra en un medio de transporte), lo parado (animales) y lo que está en movimiento, es decir la carga.

“El proyecto nace de la preocupación del sector en las reuniones con Sergio Massa. Lo que buscamos es una ley federal, que contemple toda la producción no sólo la soja, y que cuide el trabajo de los argentinos, la producción y también la economía. Esos son los tres vértices”, refuerza el diputado.

-Del valor total por silobolsa, estimado en unos tres millones de pesos, el Gobierno recauda un millón. La medida tendría un impacto también en un escenario económico post pandemia, en el que se prevé un fuerte incremento en la demanda de alimentos. ¿Eso fue contemplado?

-Exacto. Todos los países cuidan su producción, desde el origen hasta el final de su cadena productiva. Tenemos que entender que quien atenta contra la producción, atenta contra la sociedad y su posibilidad de progreso. Cuando el presidente Perón tuvo que enfrentar las consecuencias de la posguerra, en un mundo con una elevada demanda de alimentos, no sólo resguardó la producción; sino que además le sumó una mirada industrial. La construcción de la Marina Mercante, por ejemplo, fue una medida complementaria para agilizar toda la cadena productiva.

La modificación del Código Penal prevista por el proyecto de Ley también contempla agravar la figura del estrago, en un intento por anticiparse a la legislación post pandemia e incluir delitos como la liberación de actores patógenos. En otras palabras, la utilización de hongos, virus y bacterias para producir daño tanto en la producción, como en la sociedad.

“Proponemos una mejora integral en la figura del estrago para aquellos ataques que no tienen que ver con la producción de modo directo, pero sí con la utilización de agentes patógenos. Hoy, hay virus y bacterias que se diseñan en un laboratorio y pueden ser utilizados para atacar a la sociedad. Massa decidió avanzar aún más, con la finalidad de estar un paso adelante en materia legislativa con respecto a estos ataques que ya han sucedido como con el ántrax en Estados Unidos”, explica.

-¿Cuál fue la recepción del proyecto en la Cámara?

-Muy buena. Lo presentamos hace 72 horas hábiles y ya hemos tenido pedidos formales e informales para poder leer el proyecto. Además, muchos concejos deliberantes nos han empezado a mandar sus resoluciones o ingresaron el pedido a sus recintos. El apoyo tal vez más importante fue el de las cámaras del sector, que se expresaron a favor.

-El tema también se instaló en la agenda mediática. En efecto, la ministra de Seguridad, Sabina Frederic, repudió los ataques y se comprometió a reactivar un área específica para delinear políticas de prevención; pese a que se trata de un delito que no es de competencia federal.

-La escuché y me pareció correcto que la ministra haga foco en las medidas de prevención, que son las más difíciles de implementar y que tienen que ver con que los vándalos no lleguen a cruzar la tranquera o el alambrado.

-¿Cuál es el grado de prevención actual?

-Al ser un tema de competencia de seguridad interior, en la actualidad depende de cada provincia y municipio el rastrillaje y resguardo de la producción. No podemos hablar de una política o criterio unificado. Esta ley busca ser, además, una gran ordenadora en esta materia; dado que, de aprobarse, estaríamos hablando de un delito que permite la detención de quien lo comete.

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