El diputado nacional Daniel Arroyo pidió que el Congreso insista con la sanción de la Ley de Emergencia en Discapacidad, luego del veto total firmado por el presidente Javier Milei. “No tiene sentido que alguien que votó a favor hace 40 días ahora vote distinto”, remarcó, entrevistado en Palabras más, palabras menos, al aire de LA CIELO 103.5.
La norma, que fue aprobada con más de dos tercios en Diputados (150 votos) y de manera unánime en el Senado, actualiza el nomenclador de prestaciones para personas con discapacidad, reorganiza las pensiones y garantiza la continuidad de servicios básicos. Arroyo remarcó que el proyecto no tiene un impacto fiscal significativo y responde a una deuda del Estado con el sector.
“El sistema está colapsado. Hoy las personas con discapacidad no acceden a los servicios básicos porque todo el esquema está desfasado. Los talleres protegidos, los transportistas, los acompañantes terapéuticos, están trabajando por valores que no cubren ni los costos”, detalló el legislador, uno de los autores de la ley.
“Esto no es un gasto, es una deuda del Estado”
Arroyo cuestionó los argumentos del oficialismo sobre el impacto fiscal de la ley. “Esto es 0,003% del PBI. Pero además, no es gasto, es deuda. Si el gobierno hubiera hecho las actualizaciones que marca la ley vigente, esta ley no haría falta. Lo que hicimos fue ordenar algo que el Estado desordenó”, señaló.
Además, criticó la decisión del Gobierno de vetar una ley que había logrado un nivel de consenso muy amplio. “El Gobierno está fanatizado con la idea de todo mercado y nada de Estado. No hay nadie en el mundo que esté haciendo esto. Trump, Meloni, Orbán han lanzado programas para personas con discapacidad. Lo que ha hecho el presidente es increíble”, sostuvo.
De cara a la próxima sesión, Arroyo insistió en que no hay margen para que los legisladores cambien su voto. “Más allá de la lógica política, a veces creo que prima la vergüenza. Cada diputado tiene que volver a su barrio y explicar cómo vota”, afirmó.
El diputado también cuestionó al Gobierno por recurrir a cifras que no se ajustan a la realidad. “El Gobierno es inmune a los datos. Dice cifras que no son ciertas. No es lo mismo lo que uno dice tomando un café con amigos que lo que dice un presidente en una conferencia oficial”, expresó.
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Arroyo remarcó que la situación del sector se agravó en el último año, con prestaciones congeladas desde febrero de 2023 y un deterioro acelerado por la inflación. “El problema viene de antes, pero ahora quedó totalmente desacomodado. Y el maltrato desde el Estado tampoco había pasado antes”, indicó.
Un llamado a sostener el consenso
Según explicó Arroyo, el proyecto fue trabajado con todas las bancadas y logró sumar apoyos de legisladores de la UCR y el PRO. “Yo me ocupé de que tuviéramos los dos tercios. El autor de la ley tiene la potestad de incorporar cambios y lo hice para garantizar ese acuerdo. No tiene sentido que ahora voten distinto”, subrayó.
Finalmente, expresó su expectativa de que el Congreso vuelva a sancionar la ley y deje sin efecto el veto presidencial. “Esto no es una cuestión de acuerdos políticos. Es un tema de coherencia. Lo votamos hace 40 días, no hace 10 años. La responsabilidad ahora es sostener el voto”, concluyó.
