Hay frases que definen un tiempo político. Hay palabras que desnudan con crudeza el desprecio por la vida humana. “Daño colateral” fue la elección de María Florencia Arietto para referirse al fotógrafo que lucha por su vida tras ser brutalmente reprimido por la policía en la marcha por los jubilados.
La exasesora en seguridad y actual defensora acérrima del gobierno de Javier Milei minimizó de manera despiadada el impacto del cartucho de gas lacrimógeno disparado a la cabeza de Pablo Grillo. El reportero gráfico documentaba la violenta represión a la marcha frente al Congreso.
“No importa si es fotógrafo o cualquier otra cosa“, escribió Arietto en la red social X. “En términos procedimentales, es un daño colateral en un enfrentamiento de las fuerzas del orden con delincuentes armados. Punto“.
En esas breves líneas, Arietto justificó un acto represivo extremo y también despojó de humanidad a un trabajador de prensa, reduciéndolo a una simple consecuencia indeseada pero inevitable del accionar policial.
La liviandad con la que trató la vida de un ciudadano herido de gravedad resulta escalofriante.
La normalización de la brutalidad
El caso de Pablo Grillo, quien permanece internado en estado crítico tras sufrir una fractura de cráneo y perder masa encefálica, se convirtió en un símbolo de la escalada represiva del gobierno libertario, del que habrá un antes y un después.
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La administración de Milei hace de la violencia institucional una política de Estado, y figuras como Arietto operan como voceras de esa ideología sin concesiones.
Su frase no es únicamente un comentario desafortunado: es la verbalización de una doctrina de seguridad que considera aceptable la agresión letal a manifestantes y la criminalización de la prensa.
No hay margen para la ambigüedad. Cuando Arietto califica a un fotógrafo como “daño colateral”, está diciendo que su vida no importa, que su rol en una protesta lo convierte en un blanco legítimo.
Aún más grave es que lo vincule con “delincuentes armados”, cuando las imágenes del episodio muestran con absoluta claridad que Grillo no hacía otra cosa que registrar la represión con su cámara.
No tenía un arma, no representaba una amenaza. Era un periodista en plena tarea, convertido en víctima de una política que pretende imponer el miedo como forma de control social.
El abismo ético de Arietto
Las declaraciones de Arietto trascienden el debate político y entran de lleno en el terreno de la ética. Su afirmación deshumaniza a Grillo y justifica la violencia del Estado con una frialdad aterradora.
Si un funcionario público de una democracia consolidada utilizara el término “daño colateral” para referirse a la represión de un periodista, sería inmediatamente repudiado y apartado de su cargo.
Pero lejos de retractarse, Arietto redobló la apuesta.
Su justificación de la represión, su desprecio por la víctima y su intento de deslegitimar su trabajo como fotógrafo son síntomas de una concepción perversa del poder.
Considera que la fuerza está por encima de la justicia, que los heridos en una manifestación son solo números y que la brutalidad del Estado debe ser aplaudida.
Su postura además de ser repudiable, resulta peligrosa. La validación discursiva de la violencia policial allana el camino para que episodios como el de Grillo se repitan.
Cuando una dirigente minimiza un disparo en la cabeza como “procedimiento”, le está dando a las fuerzas de seguridad un cheque en blanco para actuar sin límites.
Mientras Pablo Grillo pelea por su vida, en Plaza Congreso su nombre ya se convirtió en una bandera. Porque lo que le pasó no fue “daño colateral”. Fue represión. Fue un intento de disciplinamiento social a través del terror. Y la historia no será indulgente con quienes lo justificaron.
