El secretario de Agricultura de la Nación, Sergio Iraeta, recibió ayer a los representantes de la Mesa de Enlace de Entidades Agropecuarias. El encuentro había sido pedido por los ruralistas al ministro de Economía, Luis Caputo, luego de que se oficializara la baja temporal de las retenciones. Las demandas del campo persisten.
Según informaron las entidades agropecuarias, uno de los principales temas de conversación giró en torno a la cuenca del Río Salado. Sucede que las excesivas lluvias del mes pasado dejaron a casi 2 millones de hectáreas productivas inundadas y el impacto económico es incalculable. Ahí se estaba realizando, hasta diciembre de 2023, una obra de dragado que permitiría minimizar los anegamientos y acelerar el escurrimiento de agua.
“Es una obra muy necesaria para que nuestros productores”, explicó Lucas Magnano, el titular de CONINAGRO, tras el cónclave. “Esperemos que se puedan destrabar los fondos”, finalizó. Por su parte, Nicolás Pino, presidente de la Sociedad Rural, reclamó que “el Gobierno priorice la inversión, tanto pública como privada, en obras que mejoren la competitividad del sector y prevengan futuros desastres”.
En vísperas de una nueva cosecha, la Mesa de Enlace también hizo énfasis en el mal estado de las rutas. La titular de Federación Agraria, Andrea Sarnari, marcó la “necesidad de contar con mayor infraestructura sobre todo en rutas, considerando que hay muchas muy deterioradas”. A falta de respuestas, los ruralistas le pidieron a Iraeta una reunión con las autoridades de Vialidad Nacional para abordar la cuestión.
Preocupa la seguridad rural
En otro orden de cosas, desde las entidades advirtieron que hay una “escalada de delitos rurales”. Por eso propusieron “crear un ámbito de trabajo conjunto” con el Ministerio de Seguridad de la Nación y las provincias. “Se planteó la posibilidad de reflotar una Mesa Federal de Seguridad Rural como un espacio de articulación para enfrentar esta problemática”, confirmaron desde CONINAGRO.
Lo cierto es que las demandas se apilaron. A las ya expresadas le sumaron preocupación por la nueva política arancelaria de Estados Unidos, la barrera sanitaria patagónica, la declaración de emergencias agropecuarias en distintas provincias y, por supuesto, las retenciones en el futuro. Más allá de todo, las entidades celebraron “el compromiso de seguir trabajando en conjunto para garantizar previsibilidad y soluciones a los desafíos del sector agropecuario”.
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