Por tercera vez en el lapso de un año, la Suprema Corte, cabeza del Poder Judicial de la Provincia, expuso las penurias que atraviesa la administración de justicia en territorio bonaerense por la falta de recursos para su correcto funcionamiento y la reducción de partidas para obras de infraestructura esenciales.
La gota que derramó el vaso parece ser la parálisis de las obras en el Polo Judicial de Olavarría, confirmada por la empresa que las llevaba a cabo, por la falta de actualización de los montos asignados en el Presupuesto, que se calcularon con un dólar cotizando a 20 pesos.
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Hoy, todos los ministros de la Suprema Corte firmaron una resolución en la que pusieron de manifiesto las dificultades que se presentan para afrontar gastos de funcionamiento y asegurar la continuidad de obras de infraestructura edilicia. Allí señalaron que el Presupuesto asignado este año supuso una fuerte reducción en las partidas destinadas a dar continuidad a las obras gestionadas por el Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos, “encaminándolas a su paralización”.
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También mencionaron el impacto en el incremento de tarifas “sobre rubros indispensables para la prestación del servicio de Justicia, tales como servicios públicos, alquileres de edificios, mantenimientos preventivos de instalaciones, etc., con una asignación de recursos para este año similar a la del 2018”.
Los Ministros Eduardo De Lázzari, Héctor Negri, Luis Genoud, Hilda Kogan, Eduardo Pettigiani y Daniel Soria subrayaron que si bien adoptaron “un reordenamiento de prioridades” que redundó en poner el foco en las inversiones “que resultan indispensables y esenciales para la seguridad de la infraestructura y la puesta en funcionamiento de órganos jurisdiccionales”, reiteraron “la necesidad de contar con refuerzos presupuestarios”.
La Corte se quejó además por “la interrupción del proceso de mejora gradual de asignación de recursos de los últimos años” que, dijo, “dificultan el fortalecimiento y mejoramiento del servicio de Administración de Justicia que promueve el Tribunal desde hace años”.
Resolución 803-19, Suprema Corte Bonaerense by Eduardo Médici on Scribd
En 2018, la Suprema Corte emitió dos resoluciones similares, dirigidas al Poder Ejecutivo. La primera, de abril, demandaba que la Justicia cuente “con recursos económicos adecuados, normativamente asegurados, y con un cuadro de competencias útiles para cumplir con su relevante cometido constitucional y convencional”.
El segundo round llegó en julio. Los Supremos emitieron una resolución dirigida al Poder Ejecutivo en la que reconocían la “preocupación” por la situación salarial. En el documento advirtieron por el atraso de jueces y empleados respecto de la inflación y por la “brecha” respecto de la justicia federal, que se ubicaba en torno al 40 por ciento.
Esas tensiones parecieron quedar de lado cuando la propia Gobernadora mantuvo un encuentro con los Ministros. Según reconstruyó INFOCIELO, en el encuentro se abordaron la necesidad de avanzar hacia la “autarquía” del Poder Judicial y las necesidades presupuestarias para 2019. De ese encuentro salió la formulación de la Ley de Presupuesto, que significó un aumento interanual para la Administración de Justicia del 45 por ciento.
Claro que, al calor de las nuevas disparadas del dólar, del aumento del costo de vida y de las medidas de ajuste de la Provincia, las tensiones parecen haber vuelto a aflorar. Sólo que esta vez aparece en el trasfondo una segunda puja política, que tiene que ver con la jura de Sergio Torres, el nuevo integrante de la Corte, que la conducción del Máximo Tribunal dilata por presunción de que acarrea importantes irregularidades administrativas.
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