Durante todo el año, el Gobierno Nacional de Javier Milei se dedicó a reducir la planta de trabajadores estatales. Según cifras oficiales, ya hay más de 30 mil puestos de trabajo menos en el Estado y los que sufrieron el embate de la motosierra fueron, mayoritariamente, los empleados con contratos provisorios. ¿Qué va a pasar a fin de año?
La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) denunció que hay 57.513 personas que trabajan en la administración pública nacional con contratos vigentes hasta el 31 de diciembre. El gremio que conduce Rodolfo Aguiar ya avisó que la administración libertaria debe “garantizar la continuidad laboral de todos los contratos y terminar con la reprecarización laboral en el Estado”.
Actualmente, el foco de conflicto pareciera estar en el Ministerio de Justicia de la Nación, liderado por Mariano Cúneo Libarona. Ahí ya se anunció que se van a dar de baja unos 2.400 contratos a partir de la baja del convenio que tiene la cartera con la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA).
A eso se le suman un centenar de cesantías en la Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual y más de 50 en el Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos. Sin embargo, habrá que esperar hasta mediados de enero para poder tener un número certero sobre lo que será una nueva ola de despidos masivos en la administración pública nacional.
“Los datos los tendremos alguna semana después de haber cerrado el año porque cada uno de estos contratos dependerá de la autoridad superior”, explicó ayer en conferencia de prensa Manuel Adorni. El vocero presidencial descartó que vayan a dar de baja a los 50 mil contratos que vencen a fin de año. “Si es así es porque todos los ministros y todos los secretarios quieren dar de baja a todos los contratados cosa que no va a ocurrir”, indicó.
