Adiós a los microcréditos: El Gobierno elimina un organismo clave para la economía social

El ministro de Desregulación y Transformación del Estado Federico Sturzenegger, anunció que el Gobierno cerrará otro organismo público en el marco de la política de ajuste que impulsa el gobierno de Javier Milei. Esta vez, el desmantelamiento afectará a una dependencia del Ministerio de Capital Humano, encabezado por Sandra Pettovello. En una entrevista televisiva, Sturzenegger confirmó que la Comisión Nacional de Microcrédito (CONAMI) dejará de operar, medida que será oficializada en las próximas horas a través del Boletín Oficial.

La CONAMI fue creada bajo la Ley 26.117 de Promoción del Microcrédito para el Desarrollo de la Economía Social, sancionada en 2006 durante la gestión de Alicia Kirchner en el Ministerio de Desarrollo Social. Este organismo tenía como objetivo fomentar el acceso a instrumentos financieros para emprendedores y pequeños productores que no califican para el sistema financiero formal. Según su página web, el propósito era "generar un sistema de economía circular que articule la diversidad de recursos de cada comunidad para generar más y mejor trabajo".

Con el cierre de la Comisión, se eliminan herramientas de apoyo para sectores vulnerables que dependían de los microcréditos para financiar proyectos productivos. La ley que regulaba este mecanismo establecía como beneficiarios a "personas físicas o grupos asociativos de bajos recursos" dedicados a actividades de producción, comercialización o reinserción laboral, entre otros sectores.

¿Qué sigue para el Gobierno?

En paralelo, el gobierno avanza con otras iniciativas de desregulación. Este viernes, mediante el Decreto 1055/2024, se ordenó la creación de un portal digital para que los ciudadanos reporten "obstáculos normativos" que dificulten el desarrollo económico. Esta herramienta será desarrollada por el Ministerio de Desregulación en conjunto con la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología, dependiente de la Jefatura de Gabinete.

El decreto establece que el Ministerio podrá requerir a los organismos públicos nacionales diseñar e implementar cambios normativos para resolver las problemáticas identificadas. En caso de tratarse de normativas provinciales, municipales o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se remitirá la información a las jurisdicciones correspondientes.

Los considerandos del decreto justifican la medida como parte del "proceso general de desregulación" que busca facilitar el reordenamiento normativo y promover una "comunicación directa entre los ciudadanos y el Estado Nacional".

Con estas medidas, el gobierno reafirma su compromiso con la eliminación de estructuras estatales, pero también plantea interrogantes sobre el impacto de estos cambios en los sectores más vulnerables y en el acceso a derechos básicos como el financiamiento inclusivo.