En medio del proceso de privatización, el Gobierno Nacional decretó la intervención de Corredores Viales. La empresa de peajes, todavía estatal, ya no estará conducida por un directorio, como lo establece la ley, sino por una funcionaria elegida por la administración de Javier Milei. Quién es y cuál será su tarea.
Según la norma publicada en el Boletín Oficial de este jueves, se dispuso la intervención de Corredores Viales SA en el marco de la Ley Bases, es decir, por un año. El decreto, firmado por Milei y su ministro de Economía, Luis Caputo, designa a Anastasia María de los Ángeles Adem como interventora de la empresa.
Se trata de una licenciada en administración de empresas con pasado en el Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE), donde llegó a ser vicepresidenta, y en Nación Factoring, una sociedad anónima dependiente del Banco Nación. Ahora, Adem será la encargada de mantener la sociedad y conducirla hacia su privatización.
Vale recordar que Corredores Viales tiene más de 9 mil kilómetros de rutas y autopistas bajo su control. Su traspaso al sector privado será bajo la modalidad “de concesión de obra pública por peaje”, según explicó oportunamente el vocero presidencial, Manuel Adorni. De acuerdo a sus dichos, la empresa tuvo pérdidas por 301 mil millones de pesos en 2023 y casi la mitad de su traza (el 45%) no está en buenas condiciones.
En la provincia de Buenos Aires coinciden con este análisis, sobre todo con la parte del mal estado de las trazas. Tal es así que en febrero se juntaron unos veinte intendentes y funcionarios bonaerenses para denunciar ante la Justicia al Gobierno Nacional por el abandono de sus funciones.
La iniciativa busca, entre otras cosas, que una medida cautelar obligue a las autoridades a retomar las obras de mantenimiento de las rutas que estaban en curso hasta el 10 de diciembre de 2023.
Reunión de radicales para presionar por el Presupuesto 2026
El radicalismo bonaerense reunió a sus bloques legislativos y a intendentes para reclamarle a Kicillof que envíe el Presupuesto 2026 y discutir en conjunto la Ley Fiscal y el nuevo pedido de endeudamiento. “No hay diálogo ni claridad institucional”, advirtieron.
