La Justicia Federal de Junín procesó al intendente de Pehuajó, Pablo Zurro, y al secretario de Obras Públicas municipal, Luis Enrique Fanti, por presunto “daño” y “robo” de materiales de un galpón ubicado en la estación de Juan José Paso (a unos 40 kilómetros de la ciudad cabecera).
La denuncia fue radicada por transportadora de granos FerroExpreso Pampeano (Grupo Techint) que aún gestiona el corredor Rosario-Bahía Blanca y que se encuentra en negociaciones con el gobierno nacional por el vencimiento de la concesión del servicio.
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Los hechos denunciados ocurrieron entre el 29 y 30 de mayo de 2021 según consta en el fallo judicial al que tuvo acceso INFOCIELO. La presentación ante la justicia, se produjo un día más tarde, luego que personal técnico de la compañía comprobara que en el lugar “no quedaban restos del galpón y había desaparecido”.
El edificio en cuestión, es un galpón de unos 1300 metros que forma parte del patrimonio del Estado Nacional. Fue cedido – junto a locomotoras, vagones, vías y talleres- para “su uso” durante la vigencia del contrato y que debe ser devuelto una vez finalizada la concesión del servicio.
Aunque en el momento del derrumbe no había materiales de acopio, desde Ferro Expreso advirtieron que la estructura poseía “materiales de alto valor económico por las toneladas de metal, madera y chapas”. Además, señalaron que frecuentemente era “arrendado para acopio de cereales embolsados”.
En base al material fílmico, videos y testimonios recolectados, la Justicia considera acreditada la “autoría de la destrucción del galpón y el posterior desapoderamiento de los restos” que fueron retirados del lugar por empleados municipales mediante el uso de maquinaria de la comuna y bajo la supervisión de las propias autoridades.
El descargo del intendente Pablo Zurro
Según se consigna en el documento judicial, durante su declaración testimonial el intendente Pablo Zurro insistió en que “no pensó en hacerle daño a Ferro Expreso” y dio cuenta de numerosas llamadas a un encargado de la empresa que no fueron contestadas.
Dijo que el galpón en cuestión estaba “destruido” y que “era una vergüenza ajena” y se refirió a un accidente a caballo que habría sufrido uno de los pobladores. En ese marco, expresó que “temía por la integridad de los vecinos” y también advirtió sobre situaciones de consumos problemáticos de drogas en la propiedad.
¿Por qué la Justicia rechazó los fundamentos de Pablo Zurro?
Para los jueces, el descargo de Pablo Zurro “no tiene entidad” ante diferentes testimonios recabados que “no acompañan su versión”.
Entre ellos, se menciona la palabra de uno de los Jefes de Bomberos, quien refirió que el accidente a caballo “había ocurrido hace como 10 años atrás” y “no sabía de ningún incidente con algún menor”.
Tampoco encontraron algún tipo de investigación judicial sobre el incidente en el Departamento Judicial de Trenque Lauquen y ni siquiera quedó asentado en “los registros de la policía” con las actuaciones diarias.
Además explicaron que la falta de respuesta de un miembro del staff de Ferro Expreso a sus llamadas de “ningún modo pueden habilitarlo a destruir el galpón y decidir sobre el patrimonio ajeno”.
En esa dirección, explicaron que su función como Jefe Comunal “lo coloca en una situación más que suficiente para entender que determinadas actividades deben realizarse por las vías administrativas correspondientes”.
¿Qué delitos les imputa la Justicia y qué penas eventuales contempla?
Para los jueces federales de Junín, las autoridades municipales “destruyeron un bien mueble ejerciendo una fuerza inusual, incluso utilizando maquinaria y personal del municipio” y advierten que, una vez destruido el galpón, “sus restos fueron retirados del lugar, ignorándose su destino”.
Además aducen que los materiales “fueron retirados en presencia de los imputados o de sus dependientes y en consecuencia su responsabilidad no puede dejarse de lado”, en sintonía a la acusación de fiscalía.
En base a estos elementos, tanto el intendente Pablo Zurro como el secretario de Obras Públicas, Luis Enrique Fanti, avaló la imputación por los delitos de acción pública tipificados como “daño en concurso ideal con robo”.
La tipificación de daño – Artículo 183 del CP- establece eventualmente una pena de prisión de “15 días a un año” por ejercerse un delito contra la propiedad y causar un detrimento patrimonial. En tanto, la figura de robo, contempla una posible pena que va de “1 a 6 años de prisión” cuando alguien se “apoderara ilegalmente de una cosa mueble con la fuerza de las cosas (quebrantar su resistencia material)”.
Además plantea que los hechos podrían constituir además el delito de “malversación de caudales públicos”. El fallo de procesamiento, da cuenta de un embargo preventivo por un millón de pesos a cada uno de los implicados.
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