El Gobierno presentará un informe en la ONU que ya generó el rechazo de la oposición
El Gobierno Nacional presentará el lunes su Examen Periódico Universal (EPU), que reporta la situación de los derechos humanos en el país, en una sesión especial del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (ONU). El informe será leído por el secretario de Derechos Humanos de la Nación, Horacio Pietragalla, y contará con críticas al gobierno anterior, los medios de comunicación y la Justicia.
El contenido del documento se filtró ayer por la tarde y rápidamente fue cuestionado por Juntos por el Cambio por medio de un comunicado.
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¿Qué dice el informe?
Bajo el título "Cuestiones emergentes: principales desafíos", el informe le hace un "llamado de atención" a la ONU por los "discursos del odio" que han proliferado y lo que eso implica para la convivencia democrática.
"Han tomado mayor visibilidad en los últimos tiempos debido a los graves sucesos acaecidos recientemente, que culminaron con el intento de magnicidio de la actual vicepresidenta de la Nación y dos veces presidenta, Cristina Fernández de Kirchner", asegura el documento.
"Otro de los desafíos que enfrenta nuestro país es el fenómeno del ‘lawfare’ o ‘guerra jurídica’. Desde el actual gobierno nacional y el movimiento de derechos humanos se advierte que la práctica del lawfare –impulsada por sectores del Poder Judicial, la oposición política y sectores concentrados del poder económico y mediático– constituye una práctica violatoria de los derechos humanos y opera como condicionante de los procesos electorales, de la agenda política y de la opinión pública", subraya el informe.
Y agrega: "se violan garantías fundamentales del Estado de derecho bajo la excusa de la investigación y sanción de hechos de corrupción". Además, asegura que las causas penales se impulsan "únicamente en contra de referentes políticos que representan a sectores populares".
“Lamentablemente, aunque el Gobierno Nacional cambió en diciembre de 2019, y terminó así la práctica de avasallamiento a la independencia judicial por parte del Poder Ejecutivo Nacional, la persecución política en sede judicial se encuentra plenamente vigente, en tanto integrantes del Poder Judicial y del Ministerio Público Fiscal siguen llevando adelante procesos penales fraudulentos contra las principales figuras políticas del actual oficialismo, otrora oposición al gobierno de la anterior gestión".
"Las estrategias de persecución, cuya finalidad última es la proscripción de figuras centrales del escenario político, son ejecutadas en la práctica por jueces y fiscales que visitaban asiduamente al ex presidente, tanto en su residencia oficial como en sus residencias privadas, lo que demuestra la espuria convivencia entre ambos sectores y la continuidad de una política de hostigamiento que afecta los principios democráticos de nuestro país, en especial aquellos que hacen a la independencia e imparcialidad con la que deben actuar el Poder Judicial de la Nación y los Ministerios Públicos”, dice otro de los párrafos del documento que será presentado mañana en Ginebra.
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