

En medio de las críticas a la constructora, el Municipio de Olavarría autorizó una compensación de más de $1 millón para readecuar costos por la inflación.
En Olavarría, la construcción de viviendas industriales impulsada por el Municipio volvió a sumar una nueva polémica. A través de un decreto, que lleva la firma del intendente Ezequiel Galli, la comuna aceptó un pedido de compensación económica realizada por la empresa a cargo de la fabricación de los inmuebles.
Se trata de una suma superior a 1 millón de pesos destinados a la firma que está a cargo de la fabricación de 14 viviendas industriales del Plan TUVI. Los fondos autorizados son en concepto de “reconocimiento de mayores costos” para amortizar el impacto de la suba inflacionaria y están destinados a cubrir los gastos realizados entre octubre de 2021 y enero de 2022.
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Si bien se trata de un mecanismo habitual, previsto dentro de las condiciones de contratación de cualquier proceso licitatorio – a la empresa que construye otras veinte viviendas tradicionales del plan TUVI también les fue autorizado el desembolso-, la decisión se conoció en medio de fuertes cuestionamientos de los adjudicatarios y dirigentes opositores hacia la empresa constructora.
Fuentes municipales consultadas por Infocielo, aclararon que el mecanismo se activó tiempo antes que se conocieran las críticas a la empresa y remarcaron que sin readecuación “ninguna empresa puede seguir y se para la obra”.
“En todas las obras hay compensaciones por la alta inflación. Lo hacen nación y provincia porque si no es imposible calcular los costos” agregaron.
Hace algunos días, los beneficiarios mostraron su enojo por las demoras – la entrega de las viviendas estaba prevista para abril- y los duros cuestionamientos sobre los materiales y la calidad de los trabajos realizados.
Incluso la disconformidad, llevó a que un grupo de adjudicatarios pidieran que queden fuera del sorteo y sean descartadas las primeras cuatro viviendas levantadas sobre calle 9- Bis en el barrio Pickelado por presuntos “vicios y fallas desde el comienzo” del montaje de los hogares.
Además reclamaron que se respete “el valor de la cuota inicial que nos fue informada a los postulantes al momento de la inscripción” e insistieron en que “las características constructivas no respetan los estándares y criterios de una vivienda industrializada de Wood Frame, según NORMAS IRAM y Reglamento CIRSOC 601”
En ese marco, advirtieron que “no se han respetado las condiciones de acopio de material; fabricación en taller y montaje in-situ”.
Sumado a ello, enumeran “falencias de los materiales y su exposición” y solicitan que “el Municipio y firma contratista realicen una extensión de los plazos de garantía a 36 meses (3 años) desde el acto de entregas de llaves” y que la misma lleve la firma de la comuna.
Al mismo tiempo, pidieron un “seguimiento y controles periódicos en el avance y ejecución de las tareas” con periodicidad quincenal del que formen parte al menos dos de los vecinos.
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