Judiciales y Policiales
El principal acusado será indagado mañana

Defraudación en Educación: el fiscal dio detalles del caso del empleado que creó su séquito de “ñoquis”

El titular de la UFI n° 16, adelantó que insistirá para que el Juzgado de Garantías recalifique el delito que hasta ahora fue encuadrado en fraude a la Administración Pública a asociación ilícita, donde la condena podría llegar a 50. Los detalles de las maniobras ilegales

En el marco de la causa por una estafa millonaria en la Dirección General de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires, por la que hasta ahora hay cinco detenidos y dos prófugos, habló el fiscal que encabeza la investigación y dijo que buscará que encuadrar el delito con la carátula de asociación ilícita, y la pena podría llegar a 50 años de prisión.

En diálogo con FM Cielo el fiscal Juan Cruz Condomí Alcorta detalló que “un empleado de planta estable de Educación organizó a un grupo de personas para defraudar al Estado, aprovechando el acceso a una clave informática”.

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El empleado, identificado como Alberto Acevedo, de 34 años, de acuerdo al fiscal, “desde el año 2017 y hasta mediados de este año le asignó tres cargos de preceptores a seis personas en escuelas de La Matanza, por lo que cada uno se alzó con una suma de entre 600.000 y 700.000 pesos”.

Condomí Alcorta detalló que la jueza de Garantías, Marcela Garmendia consideró que el delito es el de fraude a la Administración Pública, donde la pena mayor a aplicarse es de seis años. “Insistiré con las pruebas recolectadas a recaratular el delito a asociación ilícita”, sostuvo el fiscal.

Acevedo, sin aval de las autoridades, conformó un grupo de “ñoquis” que cobraban tres cargos sin trabajar, y consideró que cada cobro constituyó un nuevo delito.

La denuncia de las irregularidades la efectuó el área de legales de la Dirección General de Cultura y Educación, desde donde también iniciaron un sumario administrativo a Acevedo.

Además de Acevedo fueron detenidos ayer Benjamín Benítez Fredes, de 28 años, Jesica Cabrera, de 27, Laura Estrella, de 42, y María Asunción Cabrera, de 46 años. Mientras que hay dos prófugos que son buscados por personal de la Dirección de Investigaciones contra el Crimen Organizado que depende de la Superintendencia de Investigaciones del Tráfico de Drogas Ilícitas.

Los aprehendidos están acusados de defraudar al Estado por una suma cercana a los 3,5 millones de pesos.

Una fuente judicial explicó que Acevedo "es empleado de Contralor Docente en el departamento 4, que carga información más que nada del conurbano. Las personas fueron ingresadas de forma absolutamente irregular para que puedan cobrar plata, y después devolvérsela a este muchacho o distribuirla".

De acuerdo a la pesquisa, Benítez, Estrella y los Cabrera, figuraban como preceptores en escuelas de La Matanza a donde no concurrían a trabajar. Además, no cumplían con "ninguno de los requisitos formales" para ocupar un cargo docente. Las irregularidades fueron detectadas por una auditoria interna y denunciada ante la Justicia por el Gobierno provincial.

De acuerdo a la causa judicial, los implicados revistaban como activas en el sistema informático cuando no prestaban servicios y cobraban a través del sistema de ticketera del Banco Provincia, mecanismo que no exige la apertura de cuentas de caja de ahorro y sólo basta con el DNI para la extracción del dinero.

La habilitación para dicho cobro depende exclusivamente de la nómina que mensualmente envía la Educación al banco. Las personas a cuyo nombre se cargaban los servicios laborales concurrían a distintas sucursales y cobraban las liquidaciones de sueldo, adicionales y bonificaciones, cargados por el empleado de Contralor.

"La modalidad de esta banda era acompañar a la persona que cobraba en ventanilla, le daban un pequeño porcentaje y se quedaban con la mayoría del dinero", detalló uno de los jefes policiales que actuó en los operativos

Los allanamientos se hicieron en la localidad de Arturo Segui: en 416 entre 158 y 159, en 419 entre 416 y 417 y en 419 entre 155 y 156, y en La Plata, en la avenida 143 al 625.

En los allanamientos, la Policía secuestró 175.000 pesos y 5.900 dólares, seis celulares, dispositivos informativos como tablet, PC, notebook, pendrive, documentación de cobro de haberes, constancias de operaciones bancarias, tarjetas de crédito y débito, registro de operaciones bancarias y llaves de cajas de seguridad entre otros elementos utilizados para la perpetración del ilícito investigado.

Hoy se negaron a declarar dos de los imputados, mientras que Acevedo fue citado para mañana a indagatoria.

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