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INFOCIELO.COM » Agro 10-03-2018

A 10 años del conflicto que marcó un antes y un después en la política agropecuaria, todo sigue igual

La lucha descarnada por las retenciones móviles a la soja tuvo en vilo al país durante cuatro meses y mostró un claro triunfador. La historia dejó en evidencia que "el campo" no pudo capitalizar el apoyo popular y el espacio ganado en el Congreso nacional.

Por Andrés Lobato

“La 125”. Así, a secas, quedó en el imaginario popular el extenso conflicto entre el sector rural y el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, en los primeros días de marzo de 2008. Fueron cuatro meses de una historia que tuvo todos los condimentos: suspenso, cortes de ruta, manifestaciones públicas, dirigentes ruralistas convertidos en estrellas mediáticas y un brutal enfrentamiento entre dos realidades antagónicas.

En ese 2008, con un dólar que no superaba los 4 pesos, la soja se encaminaba hacia una cosecha de casi 47 millones de toneladas, que en Chicago se encaminaba rumbo a los 600 dólares por tonelada. En este escenario, la oleaginosa  tributaba un 35%, con un esquema de retenciones fijas. El Gobierno, a través de la Resolución 125/2008 buscó modificar esta situación mediante un esquema de retenciones móviles a la exportación, que variaba de acuerdo al precio internacional de este commodity.

En los días previos al 11 de marzo, estuve en un evento en Córdoba, y corría el fuerte rumor sobre un aumento en las retenciones por parte del Gobierno. El posterior anuncio del ministro de Economía Martín Lousteau lo seguí a través de la televisión, en la redacción del suplemento agropecuario Infocampo, en donde me desempañaba en aquellos años.

Ese 11 de marzo, y por cadena nacional, Lousteau estaba flanquado por el secretario de Agricultura Javier de Urquiza y el secretario de Política Económica, Gastón Rossi. Visiblemente incómodo, el ministro declaró que “lo que estamos instalando a partir de las resoluciones que mencioné es un esquema de retenciones que van a estar vigentes para los próximos cuatro años, que se ajustan automáticamente”.  Al  justificar esta decisión, también señaló que “esto dota de previsibilidad al sector, para que vaya tomando las decisiones propias de cada una de sus actividades”.

Crónica de un conflicto anunciado

Después del discuso de Lousteau, y hasta el 17 de julio de 2008, se vivió un extenso conflicto en donde las cuatro entidades que representan al sector agropecuario lideraron un extenso paro en contra del gobierno de Cristina Fernández, que se prolongó por cuatro meses. Fueron días agitados, con cortes de rutas, paro de transportistas, acusaciones cruzadas y renuncias de políticos.

En las retinas de la sociedad quedaron imágenes fuertes de aquella contienda, como el gesto del entonces secretario de Comercio Interior Guillermo Moreno, que discutió fuerte con Lousteau en un acto oficial y se pasó el dedo por el cuello, al mejor estilo mafioso.

En el estricto marco político, y ante la fuerte reacción del sector agropecuario frente a esta medida, el oficialismo envió  el 17 de junio de 2008 un proyecto de Ley al Congreso para que los legisladores ratifiquen el esquema de retenciones móviles. Luego de su paso por la cámara de Diputados, llegó a la instancia definitiva en Senadores. Tras un empate, el 17 de julio definió el vicepresidente de la Nación, Julio Cleto Cobos, con el célebre voto “no positivo”.

Seguí las alternativas de la votación desde el café de una estación de servicio en Junín, luego de cubrir una jornada a campo. El pequeño micromundo de esas mesas era un reflejo de la división que ocurría puertas afuera. Gestos adustos y bronca contenida en algunos, y puños agitados celebrando el fallo del vicepresidente como un gol en el último minuto.

Uno de los efectos más notorios de este conflicto fue que el “campo” se hizo visible para el público urbano. Durante esos cuatro meses, los presidentes de las entidades agropecuarias eran asiduos del prime time televisivo. Todos sabían quiénes eran Luciano Miguens (Sociedad Rural), Mario Llambiàs (CRA), Eduardo Buzzi (Federación Agraria) y Carlos Garetto (CONINAGRO). La famosa Mesa de Enlace, que cobijaba en su seno a cuatro ideologías dispares en sus criterios, pero enfocadas en un enemigo común.

"El campo somos todos". ¿Todos somos el campo?

Este  eslogan era frecuente en esta lucha a brazo partido entre campo y Gobierno. Esta consigna era común en todas las movilizaciones que en las grandes ciudades se realizaban a favor del sector agropecuario. Existía un enorme descontento contra la figura de la presidenta y vastos sectores de la sociedad aprovecharon esta situación para canalizar su disconformidad. ¿Sabía el público de las grandes ciudades los intereses que defendía en estas movilizaciones? Con la perspectiva que dan los años, parece que no.

A diez años de distancia, el balance de aquel conflicto arroja dos resultados que se destacan por sobre el resto. El costo político para el kirchnerismo fue enorme; y el segundo aspecto es que la dirigencia gremial agropecuaria no supo aprovechar esta situación, para consolidar una bancada agropecuaria en el Congreso que represente sus intereses.

La primera víctima política fue el ministro de Economía, que presentó su renuncia el 23 de abril. El funcionario pagó con su cargo una medida que estuvo mal comunicada, y que dejó entrever una acentuada voracidad fiscal por parte del Gobierno. Además, fue anunciada de cara a la cosecha de soja; situación que derivó en una tormenta perfecta que se desató sobre la  Casa Rosada. 

Para tomar dimensión, si esta resolución hubira prosperado, las retenciones a la soja hubieron aumentado casi diez puntos. Pero la quimera de los 600 dólares por tonelada no era eterna, y el tributo a este grano hubiera disminuido con el correr de los años. Fue una medida al menos discutible, pero anunciada en en un mal momento.

El enfrentamiento dialectico fue tremendo, y desde cada sector estigmatizaron y buscaron infligir daños al otro en base a prejuicios, que pusieron en evidencia el carácter belicoso de los argentinos y la pulsión sanguínea por denostar a quien piensa diferente. Desde el Gobierno, Cristina F. de Kirchner popularizó “los piquetes de la abundancia”, y las camionetas 4x4 pasaron de ser una herramienta de trabajo al símbolo de un golpismo que esperaba agazapado ver caer a su enemigo.

El ruralismo no ahorró munición en aquello que creía justo: cortes extensos de rutas, paro de transporte y quema de pastizales que alteraron el ritmo normal de la vida en las ciudades. El mismo sector que criticaba ferozmente la modalidad piquetera, durante un tiempo la adoptó como propia, sin medir daños colaterales “La grieta”, versión 2008.

La otra realidad es que los dirigentes agropecuarios no supieron aprovechar esta batalla ganada. En el oficialismo, de Urquiza fue desplazado de su cargo en la secretaría de Agricultura y reemplazado por Carlos Cheppi. En un intento de sumar puntos con el sector agropecuario, la presidenta Fernández de Kirchner elevó a mediados de 2009 el rango de la cartera agropecuaria a ministerio, y designó a Julián Domínguez. El oriundo de Chacabuco entendió rápido que la Mesa de Enlace tenía una fuerza enorme, y destinó grandes esfuerzos a resquebrajarla.

El silencio es tiempo perdido

Los directivos de las entidades ruralistas tuvieron sus cinco minutos de fama, pero una vez superada la lucha por las retenciones móviles, la sólida unidad que exhibieron durante esos meses empezó a diluirse. En las elecciones legislativas de 2009, el sector agropecuario capitalizó la lucha contra el oficialismo, y en el Congreso Nacional ingresaron diputados vinculados a este sector.

Entre aquellos legisladores se destacaban los radicales Ricardo Buryaile, quien en 2015 fue el primer ministro de Agroindustria del presidente Mauricio Macri y Jorge Chemes, vicepresidente de CRA en estos días. También fueron parte de Diputados actores destacados de la cadena, como Raúl Rivara, Juan Casañas y Lucio Aspiazu.

La semana pasada, y como esas viejas glorias del rock que renacen por un breve período, los ex presidentes de las cuatro entidades que representaron al sector agropecuario desfilaron por programas de televisión y fueron citados en cientos de artículos periodísticos.

La realidad muestra que más allá de un contundente triunfo hace diez años, la dirigencia política agropecuaria no tiene demasiados motivos para el festejo. La presidenta Cristina Fernández de Kirchner arrasó en las elecciones de 2011, y en ese tsunami pasó por encima a los legisladores agropecuarios de la oposición.

Uno de los casos más evidentes fue el de Llambias, uno de los cuatro protagonistas de la gesta agropecuaria. En esas elecciones, el dirigente encabezaba la lista de diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires, pero quedó en último lugar, con un 2,56% de los votos.

En 2009, el sector agropecuario contó con una inmejorable oportunidad para ramificarse en el Congreso argentino, y constituir una auténtica bancada agropecuaria, con peso específico y poder de negociación para sancionar leyes que impulsen al sector. Pero nada de esto ocurrió.

El presidente Mauricio Macri generó un acercamiento al sector, y de manera paulatina busca tener presencia en el ámbito agropecuario. En el comienzo del actual año legislativo, Cambiemos se apropió de las presidencias de las Comisiones Agropecuarias en el Congreso nacional, con los entrerrianos Atilio Benedetti en Diputados y Alfredo de Angeli en Senadores. Diez años después, existe  una mayor unidad entre el sector agropecuario y el Gobierno.  Como muestra, el ex presidente de la Sociedad Rural Argentina, Luis Miguel Etchevehere es ministro de Agroindustria desde noviembre de 2017. 

Pero la realidad indica que la actividad legislativa en materia agropecuaria no es el fuerte de Cambiemos: en 2017 solo se aprobó el el Congreso nacional un proyecto de ley para el agro. Y más allá de la actual cohesión entre Campo y Gobierno, queda un largo camino por recorrer en materia de políticas dirigidas a esta cadena de valor

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