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Gribaudo encendió la alarma y el kirchnerismo busca evitar cambios en las jubilaciones del IPS

Los diputados de Unidad Ciudadana quieren que sean necesarios los dos tercios de ambas cámaras para hacer alguna modificación al régimen previsional provincial que busca aggiornarse con el de ANSES.

Frente al anuncio de que en Gobernación hay voluntad política para encarar el debate sobre la reforma del sistema previsional bonaerense -en lo que sería una armonización con el régimen de ANSES-, los diputados de Unidad Ciudadana presentaron un proyecto de ley para declarar de orden público el sistema de jubilaciones vigente y la “intangibilidad de los fondos del IPS y de sus fuentes de financiamiento”.

De esta forma, el kirchnerismo pretende que la Legislatura se transforme en el reaseguro del Instituto de Previsión Social (IPS) y de las condiciones actuales de retiro de docentes, estatales, judiciales, profesionales de la salud, penitenciarios y municipales. Cualquier cambio, si prospera esta iniciativa, debería hacerse con el aval de los dos tercios de los integrantes de ambos cámaras.

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En su artículo 1, la propuesta, que ingresó a mesa de entradas el viernes, “declara de orden público las leyes vigentes 8587 (creación del IPS) y 9650 (sistemas jubilatorios)”. En el 2, declara la “intangibilidad” de los fondos del IPS y de sus fuentes de financiamientos. En el 4, condiciona cualquier cambio a los artículos anteriores a la votación de “los 2/3 del total del miembros de ambas cámaras”.

En el segundo punto también, “se prohíbe la transferencia de los fondos de IPS y cualquier otra acción que altere, suprima, limite o modifique su titularidad, dominio o naturaleza, o sus frutos o destinos de sus frutos sin previa autorización expresa de la legislatura”.

La finalidad, expresada en el artículo 3, es la “sustentabilidad” el organismo. El argumento central esgrimido en el proyecto es el de la “progresividad”, es decir, que cualquier modificación debe ser en pos de una mejora para los beneficiarios, concepto que consagra la Constitución Nacional y más puntualmente, la Provincial, además de varios pactos y protocolos internacionales.

“Seguramente este año comenzaremos a trabajar lo que tiene que ver con un sistema más previsible y más sustentable en la provincia de Buenos Aires que tenga que ver con esto que decíamos recién: con la edad, con los aportes y trabajar en regímenes que no sean distintos en todo el país”, fueron las palabras de Cristian Gribaudo, titular del IPS, al diario La Capital de Mar del Plata.

Es que si el objetivo es generar un emparejamiento con los jubilados nacionales de ANSES, las desventajas están a la vista en lo relacionado con el límite de edad, los años de aportes, el cálculo de haberes y el esquema de actualización.

Es de público conocimiento, que los jubilados bonaerenses se “enganchan” con los aumentos que consiguen, en paritaria, los gremios de cada sector. Esto redunda en que siempre haya una relación de entre 70 y 85 por ciento entre salario y jubilación cuando en ANSES ese cálculo es del 52 por ciento en promedio.

Una de las discusiones que será crucial en este escenario será la que se de en torno a saber, concretamente, si el IPS es superavitario o deficitario. Mientras un sector del oficialismo dicen que este año el faltante será de 2 mil millones de pesos, desde los sindicatos hablan de un Instituto sólido con una relación activo-pasivo que se aproxima al 3 a 1.

Apenas se conocieron las palabras de Gribaudo, tanto el Defensor del Pueblo, Guido Lorenzino, y referentes de ATE salieron a oponerse a esa posibilidad. “Con la excusa de buscar previsibilidad y armonizar el sistema se van a vulnerar los derechos de los trabajadores”, advirtió Lorenzino, por ejemplo, en Twitter.

La bancada de UC en la cámara baja también presentó otra serie de proyectos como el pedido de interpelación al ministro de Salud, Andrés Scarsi, sobre el nivel de ejecución de gastos de la cartera en 2017. Junto con los senadores del mismo espacio, además, se pide la emergencia laboral por dos años y una comisión bicameral “para la defensa del trabajo y la promoción del empleo”.