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INFOCIELO.COM » Pido la Palabra 19-12-2017

Reforma fiscal y eficiencia pública: ¿qué hacemos con las apps?

En momentos en que se discuten reformas en la forma de contratación de personas, de cómo tributará la riqueza generada y básicamente cómo se redistribuirá hay un sector que generó 195.000 millones de dólares entre 2005 y 2013 en América Latina.

Por Diego Enrique Salomoni*

En momentos en los que se discuten reformas nacionales sustanciales en la forma de contratación de personas, de cómo tributará la riqueza generada y básicamente cómo se redistribuirá esa riqueza, hay un sector gigantesco, el del comercio electrónico, que generó alrededor de 195.000 millones de dólares entre 2005 y 2013 en América Latina (en Argentina en 2015 facturó 3.800 millones de dólares).

Estamos en condiciones de afirmar que hay una necesidad fiscal de los estados locales, provinciales y nacionales de participar de estas riquezas y también hay un derecho de los consumidores de beneficiase con las nuevas modalidades de contratación que garantizan libertad, precio y eficiencia.

Estas dos necesidades se dan en el marco de una sociedad donde intercambiamos bienes y servicios, donde hay riesgos que estamos de acuerdo en asumir y costos que aceptamos pagar. Hay expectativas sociales –que también son comunicativas- de que los ciudadanos cumplan con sus obligaciones: paguen sus impuestos, no laven dinero y no roben, existiendo específicamente en este sentido regulaciones más o menos claras que hacen que una sociedad constitucional funcione.

La sociedad es un vínculo de personas con intercambios anónimos. En la comunidad –tomando el concepto de fellow citizen de Antony Duff- hay vínculos afectivos (amor, respeto reverencial, condena social ante el quebrantamiento de normas, etc.). El desafío es generar confianza más allá de la comunidad ya que solo así se va a multiplicar el bienestar general.

El fenómeno de la economía colaborativa (Airbnb, IguanaFix, Uber, Facebook, etc.) está haciendo realidad ese desafío de una manera muy eficiente y eso es innegable. Entonces la única pregunta lógicamente posible es: ¿Cómo las regulamos? ¿Construimos puentes de conocimiento o utilizamos prácticas anacrónicas y restrictivas? Estas aseveraciones se hacen en virtud que normativamente no tenemos otra opción. Nuestra Constitución Nacional nos impone en su artículo 42 el respeto de los derechos de los consumidores y usuarios, y marca como objetivo el bienestar general. Estos conceptos no resisten la construcción de demonios imaginarios para la protección del status quo.

Un ejemplo de práctica anacrónica es la interpretación elástica y ultra creativa de las normas fiscales existentes para subsumir las actividades comerciales digitales en negocios jurídicos nominados hace más de cien años, y una práctica inconstitucional e ilegal es utilizar la misma analogía para impulsar procesos penales contra usuarios de dichas plataformas comúnmente conocidas como apps. Un claro ejemplo es el de la Justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que ha iniciado un proceso por evasión fiscal a Uber, algo tan grosero como pretender clausurar Mercadolibre porque no fue a la municipalidad a gestionar su habilitación comercial de local a la calle. Desde hace siglos el mundo occidental sólo acepta como constitucionales los impuestos previstos por la ley antes de pretender cobrarlos. Este principio denominado de legalidad y reserva de ley establece que no se puede intentar cobrar un impuesto que no está previsto por la ley, siendo este uno de los pocos temas en los cuales no hay dos bibliotecas: hay un consenso total. No se entiende, además, por qué motivo acusa de evasión a Uber y no a Airbnb o Facebook o Netflix, pues el esquema impositivo es el mismo. La selectividad de acción -conocida como principio de oportunidad- no está permitida en la legislación argentina y el criterio de relevancia solo se usa en contraste con los delitos de bagatela. Direccionar el derecho penal sobre una sola plataforma digital es un mensaje peligroso para el sector tecnológico y trágico para la democracia.-

Si en el gremialismo de todos los países del mundo tiene como límite el “matar” la actividad e imposibilitar la generación de riqueza, los Estados no pueden tener un baremo más bajo. Así, es necesario comenzar una discusión robusta sobre como regularemos estas actividades y como tributarán en el futuro, para de esta forma coadyuvar al bienestar general por doble vía, esto es brindando un mejor servicio a los consumidores, tendiendo puentes de contratación para la generación de nuevas relaciones jurídicas y por otro lado tributando y aumentando la masa que dará solvencia fiscal para diversas políticas públicas, con el respeto de las garantías constitucionales de todos los involucrados.

*El autor es especialista en Derecho Constitucional Universidad Católica Argentina.