MIRALO EN VIVO ESCUCHALA EN VIVO
Jueves 23
Noviembre de 2017
EN CALIENTE
#CORRUPCIóN K #TARIFAZOS #DESPIDOS #INTERNAS DEL PJ
INFOCIELO.COM » Pido la Palabra 10-07-2017

Políticas provinciales sobre drogas: un tema ausente, errático y a la deriva

Tras la reciente salida de Zulma Ortiz del Ministerio de Salud provincial, ahora se conoce también la renuncia del subsecretario de Determinantes Sociales de la Salud Física, Mental y de las Adicciones, el médico Raúl Pitarque, quien desempeñaba ese cargo desde el mes de marzo luego de la renuncia de Patricia Segovia.

Es verdaderamente sintomático que en apenas un año y medio de gestión, dos funcionarios ya dieran el portazo. La primera, Segovia, supuestamente disconforme con el giro que se le pretendía imprimir a las políticas provinciales luego de la declaración de la Emergencia en Adicciones de fines del 2016. Mucho se habló del traspaso del área de adicciones a la órbita de Desarrollo Social (incurriendo en viejos errores conceptuales), o de la creación de un ente con autonomía para coordinar acciones de forma inter-ministerial. Nada de eso sucedió. El segundo, Pitarque, por cuestiones netamente éticas. Pero no está de más suponer lo difícil que le resultó ordenar la compleja situación económica de la subsecretaría, con meses y meses adeudados a las organizaciones de la sociedad civil encargadas de llevar adelante el tratamiento de personas en todo el territorio de la provincia.

Nobleza obliga, hace años que resulta imposible pensar políticas públicas sobre drogas a largo plazo en la provincia de Buenos Aires. Luego del mandato del ex gobernador Felipe Solá, período durante el cual la prevención y la asistencia fueron política de Estado provincial, la red pública de atención de adicciones que funcionaba en todo el territorio, en cada municipio, y que llegó a ser una de las más importantes de Latinoamérica, fue devastada, desfinanciada y desmantelada. Trabajadores precarizados y desmotivados, alquileres impagos, comunidades terapéuticas en condiciones edilicias precarias, falta de profesionales para atender las problemáticas, y hasta un ex subsecretario de Atención de Adicciones con prisión preventiva por supuesto fraude a la administración pública, son el barco a la deriva que la gestión Vidal aún no logró encausar. Y si a esto le sumamos que la política cedió espacio a la tecnocracia, al gobierno de los supuestamente “mejores”, todos los procesos propios de la administración pública carecen hoy de la necesaria trascendencia en el tiempo.  No comprender que los hombres pasan y las instituciones quedan puede ser trágico.

En apenas un año y medio de gestión, el balance de lo actuado hasta el momento en el campo de las políticas provinciales sobre adicciones en realmente pobre. El rango institucional que una administración le asigna a una temática determina el grado de importancia que esa temática tiene en términos de prioridades para esa administración. Así, como primera medida, a comienzos del 2016 el gobierno de María Eugenia Vidal decidió modificar la ex Subsecretaría de Salud Mental y Adicciones (SADA) y diluir la temática bajo el paraguas de los “determinantes sociales de la salud”. Nótese que de la jerárquica Secretaría de Asistencia y Prevención de las Adicciones en tiempos de Juan Alberto Yaría, allá por la década del noventa, pasamos a la actual (y desdibujada) Dirección Provincial de Salud Mental y Adicciones.

¿Y asignar mayores partidas presupuestarias a esta dependencia responsable de las políticas públicas provinciales sobre la temática, tal como lo reclaman algunos sectores, resolvería esta debilidad de base? Discutible. Me remito a un informe de del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), publicado hace algunos meses en Infocielo: entre enero/septiembre del 2016, el Ministerio de Salud del gobierno de la provincia de Buenos Aires ejecutó apenas el 6,6% de la partida correspondiente a salud mental y adicciones. No es un problema de emergencias, ni de apoyo político ni de más dinero. La discusión debe centrarse en la correcta ejecución presupuestaria.

El problema de las drogas exige de un gran compromiso y decisión política por parte del Estado, hoy claramente desdibujado. Es necesario elevar de rango el área de adicciones y ampliar sus competencias sobre la temática (reincorporando bajo su órbita al Registro Provincial de Expendio de Bebidas Alcohólicas – REBA), recuperar el antiguo esplendor de los Centros Provinciales de Atención (CPA), suspender la vigencia de la Ley Provincial 14580 (a mi juicio, un obstáculo) y diseñar un marco específico de abordaje de las problemáticas derivadas del consumo de sustancias, habilitar sedes regionales de referencia para la derivación de casos complejos, definir un programa de descentralización (con apoyatura económica) que acompañe a los municipios en la definición de sus propias políticas y herramientas, reflotar el programa de formación de formadores  “Líderes para el Cambio”, desarrollar un esquema de tutorías “cuerpo a cuerpo” para la integración social, educativa y laboral de los jóvenes en situación de vulnerabilidad, y jerarquizar el rol de la sociedad civil (con apoyatura económica) para el desarrollo de proyectos preventivos en territorio.  Mientras tanto, con el aumento de la venta de drogas en los barrios, una epidemia silenciosa se está llevando puesta a toda una generación de niños y jóvenes bonaerenses. 

 *El autor es analista, investigador y consultor en asuntos de políticas sobre drogas. Magíster en Políticas Públicas. Licenciado en Comunicación Periodística. Miembro de la World Federation Against Drugs (WFAD). Integrante de la Red Argentino Americana para el Liderazgo (REAL) y director de la comisión "Drogas, adicciones y narcotráfico".

 

SUMARIO