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INFOCIELO.COM » Política 09-01-2017

El Gobierno vetó a favor de Lingeri y el SOSBA anticipa que sostendrá el "planteo jurídico"

El Gobierno bonaerense vetó hoy los artículos de la ley 14.830, sancionada por unanimidad en la Legislatura. El SOSBA adelantó que insistirá por la vía judicial.

Finalmente, el Gobierno bonaerense decidió vetar hoy la ley 14.830, sancionada por unanimidad en ambas cámaras legislativas, que garantizaba que los trabajadores que migren de AYSA a ABSA a partir de los covnenios firmados en 18 municipios bonaerenses sigan en la órbita del SOSBA.

En las últimas semanas, desde el sindicato que conduce Julio Castro dieron cuenta del lobby del sindicato SGBATOS, José Luis Lingeri, para hacer caer la normativa, que tenía su promulgación pendiente. Lingeri exhibe fluidos vínculos con el Gobierno nacional, de ahí el temor del SOSBA.

Hoy, el Boletín Oficial publicó el decreto en el que Vidal afirma entre otras cosas que “la Legislatura Provincial carece de atribuciones constitucionales para practicar unilateralmente modificaciones a un acuerdo con la Nación”, y que el Ministerio de Trabajo explicó que “es competencia originaria del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación garantizar la libertad sindical”.

Desde el SOSBA reaccionaron que hay “maniobras que pretenden usurpar territorio y actividad sindical” por parte de algunos sectores gremiales de Capital Federal, detrás de la decisión de Vidal. Ante ello, el Secretario Adjunto del SOSBA, Guillermo Amorebieta y Vera adelantó que continuará “con el planteo jurídico” sin perjuicio de lo cual dialoga con el Gobierno “para hacerle entender que cometieron una injusticia con los trabajadores”.

También se aclaró que la personería del gremio, anterior a otras otorgada sobre empresas de Capital Federal, “claramente señala la actividad de obras sanitarias y todo el territorio de la provincia de Buenos Aires”. A pesar del malestar, desde el gremio recalcaron que no llevarán a cabo medidas de fuerza que afecten el servicio.

En ese sentido la Comisión Directiva expresó que también se trata de “un problema político porque la firma de actas entre jurisdicciones se llevó a cabo sin contemplar la situación jurídica de los Trabajadores Sanitarios afectados, por lo que los propio Ministros de Infraestructura y Trabajo de la provincia comprometieron la corrección de esta situación irregular”.

SUMARIO