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INFOCIELO.COM » 07-10-2013

Ley de Hábitat: pese a no reglamentarla, Scioli la utilizó desde enero para recaudar

El gobierno bonaerense aplicó desde principios de año una contribución adicional del 50% en los impuestos a los terrenos baldíos. En el medio, se mantuvo inmóvil frente a los reclamos de organizaciones para ponerla en práctica. La reglamentación sigue pendiente.
Pese a su resistencia a reglamentar y publicar en el Boletín Oficial la Ley de Hábitat que apunta al grave déficit habitacional en la provincia, el gobernador Daniel Scioli se valió hasta este lunes sólo de una pequeña parte de la norma para recaudar.

Aunque aún queda pendiente su reglamentación, el gobierno publicó este lunes la norma en el Boletín Oficial. Pero lo hizo después de un trecho largo. Desde la sanción de la Ley Nº 14.449 de Acceso Justo al Hábitat en noviembre de 2012, diferentes organizaciones sociales y políticas que promovieron su debate en la Legislatura le reclamaron sin éxito a Scioli que reglamente la norma como paso concreto para trabajar la política de vivienda.
 
La importancia de ley radica en el impulso dado a programas de construcción, autoconstrucción, reparación, remodelación o ampliación de viviendas tanto urbanas como rurales, así como el fomento a créditos para la mejora de hábitat a través de un fondo fiduciario que financiará a aquellas familias imposibilitadas de acceder al crédito bancario.
 
Así y todo, la administración bonaerense se preocupó sólo por implementar el artículo 39 de la norma que establece la creación de una contribución adicional del 50% en el impuesto inmobiliario correspondiente “a la planta urbana vacante y los baldíos”.
 
Por ese concepto, el gobierno bonaerense ya recauda –como prueba la boleta que se adjunta en este artículo–, aunque se mantuvo inmóvil frente a los reclamos para poner en práctica de inmediato la ley 14.449
 
Según la norma, la Agencia de Recaudación bonaerense (ARBA) tiene que transferir diariamente el porcentaje de la contribución al Fondo Fiduciario “Sistema de Financiamiento y Asistencia Técnica para la Mejora del Hábitat”, que, sin embargo, no está creado. Y al no estarlo, la intangibilidad de esos recursos “no está garantizada”.
 
La Ley de Hábitat determina con claridad que los recursos para su financiamiento están destinados para atender “las necesidades de familias de bajos recursos con déficit urbano habitacional que no sean consideradas sujetos de crédito”, aspecto contemplado en los artículos 9 y 37.
 
Sin su reglamentación, y, en este caso, sin la creación de ese Fondo Fiduciario, los recursos pueden perder la afectación específica que la misma ley le otorga a los recursos obtenidos de su aplicación, que apunta a resolver la crisis habitacional en la provincia.
 
Ante la consulta de INFOCIELO, la Agencia de Recaudación de la provincia de Buenos Aires (ARBA) reconoció el último viernes el cobro de la contribución adicional del 50% en el impuesto inmobiliario que le llega a los baldíos, aunque no precisó sobre la existencia del Fondo Fiduciario creado por ese concepto.
 
De todas maneras, según las organizaciones, tras la puesta en vigencia de la ley, la Provincia tendrá que acreditar la disponibilidad de los recursos originados desde enero a partir de la contribución adicional percibida o, de lo contrario, reintegrarlos de inmediato al Fondo Fiduciario específico.
 
“Todo lo percibido hasta el momento por la ley, deberá destinarse a donde corresponde. La aplicación parcial de la ley es una cabal demostración de las irregularidades con las que se maneja la Provincia en la cuestión”, afirmó Carolina Farstein, integrante del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).
 
El patrimonio del Fondo Fiduciario “Sistema de Financiamiento y Asistencia Técnica para la Mejora del Hábitat” está integrado por recursos de planes nacionales para la Vivienda, de fondos asignados por el presupuesto provincial, subsidios, contribuciones –como la ya señalada para terrenos baldíos– además del producto de operaciones de terrenos especulativos.
 
De acuerdo a Eduardo Reese, ex subadministrador del Instituto provincial de la Vivienda y docente del Instituto del Conurbano en la Universidad de General Sarmiento, en diciembre de 2011 se preveía una masa tributaria de alrededor de 140 millones de pesos por la aplicación de impuestos a terrenos inmobiliarios con especulación inmobiliaria, como baldíos grandes.
 
Asimismo, también consignó que entre los instrumentos financieros generados por la aplicación de la norma, además de aportes de los propios beneficiarios –desde dinero hasta mano de obra– elevaba a fines de ese año el presupuesto del Instituto de la Vivienda en un 40%.
 
La “doble actitud” del gobierno bonaerense sobre la ley generó bronca. “Es una estafa. Es inconcebible, porque mientras se cobra la contribución, Scioli y su ministro de Infraestructura le dicen a los intendentes que la ley no se aplica porque no está reglamentada”, apuntó días atrás Reese, dirigente, además, del Foro de Organizaciones de Vivienda e Infraestructura de la provincia de Buenos Aires (FOTIVBA).
 
Desde siempre, para el gobierno bonaerense el nudo problemático de la ley está en la obligación impuesta a importantes desarrollos inmobiliarios como countries, clubes de campo, cementerios privados o grandes superficies comerciales a ceder el 10 por ciento de su superficie total o su equivalente en efectivo.
 
En medio de una polémica sobre una presunta afectación de la propiedad privada –como denunciaron sectores empresarios– diputados y senadores otorgaron, sin embargo, un amplio respaldo a la Ley de Hábitat.
 
En este sentido, para Sebastián Cuccia, abogado y referente de la organización Resistencia Cultural Barrial, el desconocimiento de la ley es una “clara decisión inconstitucional”. “El gobierno demuestra una falta de respeto absoluta a la democracia, y revela la falta de interés en ejecutar políticas activas para resolver la máxima emergencia de esta provincia que es la situación habitacional”.
 
Según un informe del Instituto de la Vivienda basado en el Censo del 2010, existe un déficit de más de un millón de casas (1.085.865), lo que afecta a cuatro millones de habitantes, el 25% de los casi 16 millones de habitantes en la provincia.

En la Justicia
El reclamo por la aplicación de la Ley de Hábitat  tuvo su eco en el ámbito judicial. El defensor juvenil Julián Axat presentó el jueves una medida innovativa urgente en el que le exige a la Justicia que se dé cumplimiento al artículo 108 de la Constitución bonaerense, que habilita en última instancia al Senado a publicar en el Boletín Oficial la norma.
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En concreto, Axat pidió  que el gobierno publique en el Boletín Oficial la ley de Hábitat en el plazo de 48 horas y que trascurrido ese plazo sea el presidente del Senado, Gabriel Mariotto, quien lo haga, al ser el titular de la Cámara que le dio sanción definitiva.
 
La iniciativa es complementaria a un amparo presentado una semana antes por Axat en favor de una madre adolescente y su beba en situación de calle para que, en el marco de la Ley de Hábitat, se les otorgue una vivienda digna. La medida responde a una presentación judicial realizada por el Foro por los Derechos de la Niñez, la Adolescencia y la Juventud de la provincia de Buenos Aires ante la negativa oficial de otorgar a la joven y su hija un lugar en un hogar.
 
“De haber contado con los mecanismos operativos que brinda la mentada ley de Habitat, su situación de vulneración de derechos con respecto al acceso a una vivienda digna, hubiera sido otra”, afirmó el defensor en el último escrito, en el que habla también de un “menoscabo” de derechos hacia la madre adolescente.
 
El juez en lo Contencioso y Administrativo Luis Arias ordenó de inmediato que se arbitren los “medios necesarios para costear el alquiler de una vivienda en la zona de La Plata o sus alrededores”, a la que vez que se le pidió un informe a la Provincia sobre la situación de aplicabilidad de la ley 14.449.
 
Según se supo, el gobierno respondió que la norma “está en etapa de reglamentación”, una contestación habitual en los pasillos de Gobernación desde hace más de once meses cuando surgieron los reclamos por la aplicación de la ley y que materializó recién hoy.
 
En su última presentación, Axat apuntó  por la falta de avances en la situación de la madre joven y su niña –que aún no cuentan con vivienda– y manifestó la posibilidad de accionar ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación si no se avanza en la operatividad de la ley de Hábitat.
 
La decisión se sustentaba en el artículo 14 de la ley nacional Nº 48, donde se manifiesta la posibilidad de apelar a la Corte Nacional, en caso de que se ponga en cuestión la validez de una norma sancionada por la Legislatura provincial.  Hoy, finalmente, se publicó en el Boletín Oficial.
 
D.E.S

 

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