viernes 10 de julio de 2020

Lawfare bonaerense

Escándalo: un fiscal general denunció a Conte Grand por orquestar campañas y aprietes en su contra

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05 de marzo de 2020 · 19:15 hs.

El fiscal de Lomas de Zamora, Enrique Ferrari, presentó una demanda ante la Suprema Corte bonaerense contra el Procurador. Denunció la utilización de la prensa para operar contra funcionarios judiciales.

En medio del debate sobre la instalación de denominado lawfare en el campo de la política, ahora, un Fiscal General denunció haber sufrido “un plan” de desprestigio en su contra a través de la utilización “causas armadas” y “operaciones de prensa”, para desprestigiarlo, y le apuntó al Jefe de los fiscales de la Provincia, Julio Conte Grand, en un extenso escrito elevado ante la Corte bonaerense.

Se trata del Fiscal General del Departamento Judicial de Lomas de Zamora, Enrique Ferrari, quien acudió con una presentación ante el Máximo Tribunal en la que denuncia haber sufrido “aprietes”, a través de “un cúmulo de maniobras” que describe como “un plan” en su contra, pergeñado “desde las entrañas del propio Ministerio Público”

Entre las irregularidades que denuncia, un cuadro de situación que describe como de “gravedad institucional” que atenta contra el desempeño del Ministerio Público a su cargo, describe la “ocasional ayuda de terceros ajenos” al Poder Judicial, encargados de “enviarle mensajes” a través de “operaciones periodísticas” de situaciones que considera no revisten interés público, “con el fin de disciplinarme”.

En la presentación a la que accedió INFOCIELO, el titular del de la Fiscalía General de Lomas, interpretó como “evidente, que tal injerencia amarilla de los medios, ha sido ‘fogoneada’ por alguien interesado en que Enrique Ferrari reciba el mensaje: si no se contiene, seguirá soportando la campaña de desprestigio mediático, no cesará el hostigamiento fuera de la esfera puramente institucional, hasta que se jubile en agosto próximo”. Se trata, según su relato, de la utilización por parte del Procurador Conte Grand de “cierta prensa, para atormentar a los propios subordinados, fuera de lo que es el marco institucional”.

El origen de la discordia, según su reconstrucción, habría sido el “favoritismo” por parte del Jefe de los fiscales de la Provincia, por la figura de su segundo adjunto, el Dr. Sebastián Scalera, quien estuvo al frente de dos causas de alto vuelo periodístico durante la gestión de Cambiemos, espacio político del que participó el propio Conte Grand antes de su desembarco en la Procuración, y desde el que se las utilizo como bandera de lucha contra las mafias: la relacionada con la feria “La Salada” y la que involucró a Pablo Moyano con vínculos con la barra de Independiente, y que derivó en el fuerte cruce entre el Procurador y el Juez Carzoglio.

En ese marco, siempre según la denuncia de Ferrari, cuando intentó “en el marco de la legalidad” que le confiere su cargo remover a su adjunto, recibió un llamado de un delegado de Conte Grand, con cargo en el área de Disciplina de la Procuración, advirtiéndole que “me llamaba de parte de Julio, para hacerme saber que si tomaba algún tipo de decisión ‘dentro de mis facultades de Fiscal General Departamental’ primero debería hablarlo con él, porque Scalera cuenta con todo su apoyo”.

“No puede el Señor Procurador, obligarme a retener como adjunto mío a quien ya le perdí toda confianza”, aseguró Ferrari, hecho que interpretó como un intento de “subversión” en su órbita de acción directa al frente de la Fiscalía General de Lomas de Zamora. “En desmedro de mi autoridad, hizo llegar que Scalera cuenta con todo su apoyo, y que yo estaba vedado para ejercer mi autoridad sobre la persona”, sostuvo.

Tal situación, habría generado la puesta en marcha de un plan “con cierto sector de la Prensa, para fomentar la difusión de noticias carentes de verdadero interés periodístico per se, pero enderezadas en buena medida a ponerme en la picota pública”.

A la par de lo que interpretó como una campaña de desprestigio público en su contra a través de operaciones mediáticas, Ferrari asegura haber sido perseguido con una causa armada en su contra, “que fue desestimada por la fiscalía de San Martín por inexistencia de delito”.

“Soy objeto de un injusto hostigamiento en mi contra de parte del Sr Procurador General, con la imaginable finalidad de que, desgastado, vencido moralmente por esas increíbles y variopintas hostilidades ‘in crescendo’, deje mi cargo y lo pase a ocupar mi adjunto, el Dr. Sebastián Scalera”, asegura  la denuncia.

Ferrari adjunta a su denuncia, además, apariciones públicas de la propia Elisa Carrió tildándolo de “corrupto” en el marco de los operativos que terminaron con la detención de Jorge Castillo, en la llamada causa ‘La Salada’, en las que la ex legisladora (“con quien es público  y notorio que el Dr. Conte Grand tenía o tiene estrechos vínculos”, aclara) lo señala “como encubridor” del representante de la feria “y de distintas barras bravas”, sin aclarar que la designación de Scalera en la instrucción de esas causas, había sido resuelta por él mismo antes incluso del desembarco de Conte Grand en la Procuración bonaerense.

“Las veces en que el Dr. Conte Grand ha hablado en reportajes sobre el tema ‘la Salada’, jamás desmintió siquiera mínimamente lo que falsamente predicaba sobre mí la Dra. Carrió, ni mencionó que el arquitecto de la estructura procesal de la política criminal departamental que dio lugares a los éxitos que se concretaron, fue el Fiscal General Departamental, Dr. Ferrari”, asegura referenciándose.

Es en ese contexto en el que el Jefe de los fiscales de Lomas menciona la palabra “LawFare”, al asegurar haber sufrido, de esa forma, “una variante de lo que podría darse en llamar war-fare, law-fare”.

En su presentación, Ferrari denuncia, además, que se mantiene la indefinición acerca de los adjunto de la Departamental a su cargo, lo cual reviste evidente grado de “gravedad institucional”, toda vez que las causas permanecen estancadas a la espera de dos funcionarios claves que gozan por estas horas de “licencia”, entre los que menciona al propio Scalera, y a una tercera funcionaria judicial que también intentó apartar del cargo pero le fue negado por la Procuración. AA

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