martes 31 de marzo de 2020

Manada asesina en Villa Gesell

A un mes del crimen de Fernando habrá marchas y la fiscal imputará como coautores a los ocho rugbiers detenidos

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18 de febrero de 2020 · 08:02 hs.

La movilización será a las 18 frente al Congreso de la Nación y pedirán justicia y seguridad. La convocatoria la realizó la madre del joven asesinado. Los acusados, cada vez más complicados. La defensa insiste con recusar a la titular de la UFI. Hoy habrá una audiencia

La madre de Fernando Báez Sosa, asesinado a golpes en Villa Gesell a la salida de un boliche el 18 de enero pasado, ratificó la convocatoria a una marcha frente al Congreso nacional para este martes al cumplirse un mes del homicidio, y afirmó que "la violencia es un flagelo que arrasa y destruye sin distinción alguna".

"No hay religión, clase social, nacionalidad, raza o edad que la frene, por eso queremos decir basta de violencia, con energía y decisión, para que se escuche en cada rincón de la Argentina", dijo  Graciela, la madre de Báez Sosa (19), sobre la movilización que se realizará frente al Congreso de la Nación a las 18.

La mujer agregó que le "gustaría que vaya mucha gente" a acompañarla porque "sin la gente no sería nada" y así le den "fuerza para seguir luchando" para que se haga justicia por su hijo porque aseguró estar "destrozada en vida".

"Que no haya nunca más otro Fernando, porque esto que le hicieron no se lo merece nadie, no se lo deseo a nadie, basta de tanta violencia, yo no voy a recuperar más a mi hijo, pero que se haga justicia y no exista otro más", siguió.

El crimen de Báez Sosa ocurrió la madrugada del sábado 18 de enero pasado frente al boliche Le Brique ubicado ubicado sobre avenida 3 y el Paseo 102, en pleno centro de Villa Gesell, y ese mismo día los diez rugbiers fueron detenidos en una casa que alquilaban a pocas cuadras de allí.

En tanto, la fiscal que investiga el crimen de Fernando Báez Sosa en Villa Gesell imputará a los ocho rugbiers detenidos por el hecho como coautores del asesinato y ampliará mañana la indagatoria de todos ellos, a quienes acusará por el doble agravante del concurso premeditado de dos o más personas y la alevosía, como así también de las lesiones que les provocaron a los amigos de la víctima que también fueron atacados a golpes, informaron fuentes judiciales.

Si bien hasta el momento solo Máximo Thomsen (20) y Ciro Pertossi (19) estaban imputados como coautores del crimen, la fiscal Verónica Zamboni, titular de la Unidad Funcional de Instrucción 6 de la localidad balnearia, impondrá a los otros seis la misma calificación.

Se trata de Luciano Pertossi (18), Ayrton Viollaz (20), Matías Benicelli (20), Lucas Pertossi (20), Enzo Comelli (19) y Blas Cinalli (18), quienes hasta el momento habían sido sindicados como "partícipes necesarios" del crimen de Fernando.

De este modo, todos ellos serán imputados como coautores por el "homicidio doblemente agravado por su comisión por alevosía y por el concurso premeditado de dos o más personas", y a ello se sumará el delito de "lesiones leves", por los golpes sufridos por cinco amigos de Fernando, que intentaron ayudarlo durante el ataque frente al boliche.

Por otra parte, Zamboni mantendrá la acusación como "partícipes necesarios" para Alejo Milanesi (19) y Juan Pedro Guarino (19), quienes recuperaron la libertad el lunes de la última semana por "falta de méritos", y en su caso también serán imputados por "lesiones leves" y no se descarta que puedan volver a ser detenidos.

En este sentido, el juez de garantías David Mancinelli convocó para hoy una nueva audiencia por la recusación del defensor de los rugbiers contra la fiscal que investiga el crimen de Fernando Báez Sosa.

Hugo Tomei, representante de los diez jóvenes imputados recusó a Zamboni, por considerar que hubo una serie de irregularidades en la instrucción y la denunció además penalmente el jueves último.

A partir de este planteo, el juez Mancinelli convocó para las 11 a la defensa, a la querella que representa a los familiares de Báez Sosa (18) y a la fiscal a la sede del Juzgado de Garantías 6, ubicada en Boulevard Silvio Gesell y Paseo 130, pero no será necesaria la presencia de los acusados.

En esta audiencia, el defensor deberá exponer los argumentos de su pedido de recusación, que irá en línea con la denuncia presentada antes que el magistrado confirmara la prisión preventiva para los ocho imputados que continúan detenidos en la Unidad Penitenciaria 6 de Dolores.

En la sede judicial estará presentes también Zamboni porque es la funcionaria recusada, y los representantes de la querella ya que pueden tener interés sobre la situación, indicaron fuentes de la investigación.

El planteo de Tomei se basará en la denuncia por "privación ilegítima de la libertad, falsedad de instrumento público e incumplimiento de los deberes de funcionario público" contra Zamboni, además de la nulidad señalada respecto de una declaración testimonial, de una rueda de reconocimiento y de las indagatorias de los rugbiers.

El abogado denunció a la fiscal al finalizar la audiencia de la semana pasada con el juez y las partes en la ciudad balnearia, y el magistrado remitió una copia a la fiscalía general de Dolores, a cargo de Diego Escoda, quien designó al fiscal Mario Pérez para que investigue si efectivamente se cometió algún delito.

Para el defensor, al momento de las indagatorias de los diez rugbiers, el día posterior al crimen de Fernando, hubo "irregularidades por falta de comunicación a los imputados" de los hechos por los que eran acusados y las actas, incorporadas en el segundo cuerpo del expediente, "no reflejaron la realidad" de lo ocurrido.

Tomei puso en duda la validez de las indagatorias a partir de la "corta duración" de entre 1 y 5 minutos de cada una de ellas, según consta en las actas incorporadas a la causa, y en ese sentido consideró que las detenciones se basan en "elementos nulos".

"Esa imposibilidad material, real y concreta de hacer la audiencia en menos de cinco minutos delata que nada de lo descripto en las actas ocurrió. No hubo lectura de derechos, tampoco comunicación fehaciente de la intimación, menos aún información detallada de las pruebas existentes, derechos excarcelatorios y la obligada lectura a viva voz del secretario", detalló el letrado en el escrito presentado.

Agregó que las indagatorias "se redujeron al ingreso a un despacho y la estampa de firma en actas ya impresas".

A partir de estos elementos, consideró que la funcionaria cometió los delitos de "falsedad ideológica de instrumento público, incumplimiento de los deberes de funcionario público y privación ilegal de la libertad".

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