viernes 10 de julio de 2020

Polémica

El intendente de Necochea en la mira tras designar a un ex comisario vinculado a un caso de violencia policial

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05 de febrero de 2020 · 11:00 hs.

El nombramiento rememoró el asesinato hace 18 años de Saul Canessa y la responsabilidad de varios efectivos policiales en el caso.

El intendente de Necochea, Arturo Rojas, quedó en el ojo de la tormenta luego de designar como Coordinador de Políticas Públicas de Seguridad a Héctor Giglio, un ex comisario vinculado al primer caso de violencia policial seguida de muerte en ese distrito bonaerense. Dirigentes políticos y sociales cuestionaron el nombramiento y recordaron el caso de Saul Canessa, asesinado en junio de 1992.

Las críticas contra el alcalde de Juntos por el Cambio estallaron tras oficializar la designación de un polémico ex policía. Es que Luciano Lescano, ex concejal e integrante del Movimiento Evita, junto al militante por los derechos humanos y sobreviviente de la última dictadura cívico militar, Aníbal “Cali” del Prado, expresaron su repudio.

Según publicó el portal NdeN, Lescano recordó que “hace 8 años cuestionamos la designación de Héctor Giglio como Comisario Departamental de Necochea por su participación en el asesinato de Saul Canessa, primer caso de violencia institucional que se recuerde desde el retorno de la democracia en nuestra ciudad. Resabios del terrorismo de estado durante la última dictadura cívico militar que sufrimos hasta nuestros días”.

“Ahora 8 años después, el Intendente Rojas lo nombró como ‘coordinador de políticas públicas de seguridad’”, añadió y aseguró: “Sin dudas un nombramiento que volvemos a rechazar y que va en contra de las políticas de seguridad de nuestro gobierno nacional”.

 

 

Héctor Giglio, polémico ex policía nombrado funcionario por el intendente Rojas (Foto: NdeN)

 

En tanto, del Prado sostuvo que “si algo no se le puede negar al intendente Rojas, es la coherencia. Como concejal, protegió al torturador Bicarelli junto a sus aliados radicales, evitando que se lo declare persona no grata”.

“Ahora, como intendente, nombra al ex comisario Héctor Giglio, seriamente sospechado de participar en el asesinato de Saul Canessa”, indicó y sentenció: “Casi una declaración de principios”.

Las graves acusaciones hacia el intendente Rojas como para su funcionario, se enmarcan en los antecedentes del caso de Canessa, un ajedrecista que fue asesinado en un hecho de violencia policial. Giglio fue acusado de participar del crimen del joven y la justicia lo sobreseyó, pero las sospechas de los familiares sobre su vinculación con la causa no cesaron.

El caso Saul Canessa

El viernes 21 de junio de 1992 Saul fue detenido tras un supuesto choque mientras circulaba en su motocicleta en presunto estado de ebriedad. Sin embargo, tenía mareos debido al golpe y lo trasladaron al hospital de Mar del Plata para recibir atención médica 10 horas después en soledad. Finalmente, ingresó al nosocomio con pérdida de masa encefálica, agonizó por dos días y falleció el día 23.

Ante las sospechas por lo ocurrido, su mamá Mónica Comanschi apuntó contra el accionar policial luego de que los uniformados tomaran huellas digitales al cadáver de su hijo en medio del velorio. Gracias al aporte de testigos, se constató que la policía lo esposó y golpeó al llevárselo detenido en un patrullero en dirección a la playa y no a la comisaría. A su vez, fue torturado y trasladado a la dependencia policial.

En 1996, cinco oficiales de la Bonaerense y dos médicos fueron detenidos por su vinculación con la muerte de Canessa de 23 años. Los acusados fueron el comisario, Jorge Berro, el subcomisario, Jorge Pereyra, el oficial principal, Héctor Giglio, el oficial inspector, David Posse, y los médicos, Jorge Donato Domínguez, Gustavo Ferraro, y Luis Cavallotti, quienes se desempeñaban en el Hospital Municipal de Necochea

En la actualidad se encuentran detenidos el oficial, David Posse, y los suboficiales, Daniel Castro, y Renato Pequi. También por la causa fue juzgado Héctor Pando, el médico de la comisaría fue condenado a cuatro años de prisión, cinco años de inhabilitación para ejercer la medicina y ocho para ocupar cargos públicos.

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