miércoles 19 de junio de 2019

Masacre de San Miguel del Monte

Familiares de las víctimas rechazaron la designación de una funcionaria por sus vínculos con la Bonaerense

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10 de junio de 2019 · 17:36 hs.

Se trata de María Alejandra Cotignola, a quien la intendenta Sandra Mayol propuso designar al frente del área municipal que debe controlar a las fuerzas de seguridad. Denunciaron que fue formada en la Policía Bonaerense y que, como abogada, defendió a efectivos implicados en episodios delictivos. Pidieron que se revise su designación.

Familiares de las víctima de la masacre de San Miguel del Monte, acompañados por la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), rechazaron la designación de María Alejandra Cotignola al frente de la Dirección de Asuntos Institucionales del Municipio por sus vínculos con la Policía Bonaerense y con uno de los efectivos involucrados en la brutal persecución policial que terminó con la muerte de cuatro jóvenes.

Denunciaron que Cotignola “fue agente de la Policía Bonaerense, es familiar de uno de los detenidos y, como abogada penalista, defendió a policías involucrados en otros delitos”. “A las familias que somos víctima de este crimen atroz, no sólo nos indigna, sino que también nos revictimiza y vulnera”, le comunicaron a la intendenta Sandra Mayol en una carta.

La CPM y los abogados de los familiares advirtieron que la designación de Cotignola es “la confirmación de una política de seguridad y el amparo de las prácticas criminales de agentes policiales que generaron las condiciones de posibilidad para la consumación de la masacre del 20 de mayo pasado”.

Hasta el momento hay cuatro efectivos imputados por el cuádruple homicidio y lesiones graves a la única sobreviviente, mientras que otros ocho están acusados por encubrir el crimen. En ese sentido, los denunciantes manifestaron su preocupación porque una ex integrante de la fuerza pueda llegar a ocupar el lugar de quien debe controlar a la policía en la ciudad.

Por último, las familias se lamentaron porque “esperábamos un cambio y que el municipio desarrollar acciones tendientes al control del accionar policial”. Sin embargo, consideraron que “esta designación implica la reconfirmación de una política que nos ocasionó un daño enorme e irreparable, es asumir que no hay nada que revisar”.

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