La Suprema Corte fuerza un dictamen de Conte Grand por la polémica de Torres
Transcurridos 25 días desde que el Senado bonaerense dio el acuerdo solicitado por el Poder Ejecutivo, el desembarco de Sergio Torres en la Suprema Corte Bonaerense parece todavía lejos de concretarse. Los Supremos tienen desde hace tres semanas el decreto de María Eugenia Vidal solicitando que se le tome juramento, para incorporarse formalmente al tribunal. No parece que le vayan a dar luz verde en el corto plazo.
Hay dos circunstancias que explican la demora: la primera es el rechazo de casi todo el Poder Judicial bonaerense al nombramiento del ex juez federal de la Capital Federal, un hombre al que consideran, en el mejor de los casos, un extranjero, y, en el peor, un invasor, que ni siquiera puede demostrar taxativamente que cumple con el requisito de residencia de dos años, previos a su nombramiento, que demanda la Constitución Provincial.
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De fondo, en segundo lugar, aparece la puja respecto de la autarquía del Poder Judicial y de la dotación, de parte del Ejecutivo, de fondos suficientes para garantizar la administración de Justicia. El conflicto salarial con los trabajadores y la parálisis de obras urgentes, como el Polo Judicial de Olavarría, son síntomas.
Los Supremos no parecen dispuestos a facilitar la jura de Torres, que para colmo de males viene “flojo de papeles”. Por eso, el titular del cuerpo, Eduardo De Lázzari, abrió un expediente administrativo donde dejó asentadas sus dudas. Hasta que no se resuelva, no puede haber jura.
Ahora, pidió un dictamen de parte del Procurador General, Julio Conte Grand. No se trata de un procedimiento que escape a las generales de la ley: cualquier fiscal eleva un dictamen antes de que el juez falle. Pero compromete políticamente a la cabeza del Ministerio Público.
Es que, como Torres, Conte Grand jamás acreditó un domicilio en la Provincia, con lo cual arreciaron las objeciones a su nombramiento. El ex Secretario de Legal y Técnica zanjó el conflicto de otra manera: logró un fallo de primera instancia en el que se aduce que el artículo 181, que impone el obstáculo, no aplica para las cabezas del Poder Judicial, sino para quienes ingresen “por abajo”.
Ahora, Conte Grand deberá asentar por escrito, con firma y sello, cómo es su controversial interpretación de la Constitución bonaerense.
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