De alcance nacional

La letra chica del amparo del CEPIS que firmaron los intendentes del peronismo

Con el apoyo de la Defensoría del Pueblo, la ONG y unos 40 intendentes bonaerenses buscan impugnar por la vía judicial los últimos tarifazos autorizados por el Gobierno. Brindaron una conferencia de prensa conjunta explicaron que “hubo un engaño y los pesos que le faltan a las familias los tienen las empresas”.

Tal como lo habían adelantado, el Centro de Estudios para la Promoción de la Igualdad y la Solidaridad (CEPIS), intendentes peronistas bonaerenses y el Defensor del Pueblo de la provincia firmaron hoy una acción de amparo colectivo de alcance nacional contra los tarifazos impuesto por el Gobierno Nacional al conjunto de las y los usuarios de ese servicio público a nivel federal.

En conferencia de prensa conjunta fundamentaron la acción en la que exigen razonabilidad y gradualidad para amortiguar el impacto a los bolsillos. El presidente de CEPIS, Mariano Lovelli, señaló que “el amparo es una respuesta de la sociedad civil y de los intendentes preocupados por la gente porque nadie soporta un tarifazo más”.

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Asimismo resaltó: “El gobierno siempre justificó el tarifazo en la mala calidad del servicio y los miles de cortes de luz de esta semana dan cuenta de que el único interés del poder Ejecutivo nacional era asegurar ganancias para las empresas. Ahí está la plata de la gente: hubo un engaño y los pesos que le faltan a las familias los tienen las empresas”.

Con la resolución 366/2018 de la secretaría de Gobierno de Energía se aplicó un incremento en el costo de la electricidad mayorista (MEM), y con la consecuente resolución ENRE se habilitóa las distribuidoras Edenor y Edesur a transferir ese aumento de la energía mayorista (MEM) a los usuarios.

Por eso en la presentación elaborada y firmada por la ONG, los intendentes peronistas y el Defensor del Pueblo bonaerense se considera que los nuevos aumentos vulneran el principio de tarifas justas y razonables, y los estándares establecidos por la Corte Suprema en el fallo CEPIS de 2016. Sobre todo se exige cumplir con la “razonabilidad” que impuso el máximo tribunal como criterio.

La medida solicita a los jueces de la Nación que “frenen los atropellos del Poder Ejecutivo y aseguren el derecho de los ciudadanos a una tarifa justa y razonable”.

Además requiere la suspensión de las Resoluciones 366/2018 de la Secretaría de Energía y las resoluciones del ENRE. Y que ambas reparticiones del Estado Nacional “se abstengan de trasladar a las y los usuarios del servicio público de electricidad el nuevo cuadro tarifario aprobado por dichas normas, con inicio el 1 de febrero de 2019, hasta tanto se dicte sentencia de fondo”.

Estuvieron presentes: el intendente de Esteban Echeverría y presidente del PartidoJusticialista de la provincia de Buenos Aires, Fernando Grey; Gabriel Katopodis (San Martín), Andrés Watson (Florencio Varela), Juan Zabaleta (Hurlingham), Alberto Descalzo (Ituzaingó), Jorge Ferraresi (Avellaneda), Julio Zamora (Tigre), Mariano Cascallares (Almirante Brown), Verónica Magario (La Matanza), Gustavo Arrieta (Cañuelas), Leonardo Nardini (Malvinas Argentinas), Gustavo Barrera (Villa Gesell), Aldo Expósito (Colón), Guillermo Escudero (Concejal platense FPV), Darío Díaz Pérez (Senador provincial FPV), Felipe Solá (Diputado Nacional), Cristina Álvarez Rodríguez (Diputada Nacional), Fabiana Bertino (Legisladora bonaerense FPV), Guido Lorenzino (Defensor del Pueblo) Eduardo Marcelo Santillán (González Chávez) Rodolfo Tahilade (Diputado Nacional), Leonardo Groso (Legislador Nacional), Victoria Donda (Legislador Nacional), representantes de la CCC, la CTA, CGERA, CTEP y Barrios de Pie.

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