

Fuentes del organismo bonaerense indicaron a Infocielo que la determinación de la cooperativa de utilizar la cuota capital "no tiene la autorización previa del Oceba".
La polémica determinación de la cooperativa eléctrica de Olavarría de restablecer la llamada “cuota capital” –contribución por acciones- le permitió saltar el congelamiento tarifario establecido por el gobierno de Axel Kicillof y aplicar aumentos de entre el 20 y el 30% en las boletas a partir del mes de enero (algunos usuarios afirman que ya hubo uso de la cláusula).
Infocielo mantuvo comunicación con representantes del Organismo de Control de la Energía Eléctrica en la Provincia de Buenos Aires (OCEBA) quienes se mostraron sorprendidos por la determinación de la concesionaria “Coopelectric”.
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Seguidamente, consideraron que su aplicación requiere de “una autorización previa” del organismo algo que hasta el momento no fue solicitada y analizan una intervención de oficio. La otra cuestión latente, es que el caso se transforme en punta de lanza de otras entidades que busquen una manera para saltear el congelamiento.
Otro de los puntos polémicos, es el impedimento de una cooperativa para aplicar un concepto ajeno de forma integrada al cobro de la energía. En ese sentido, la Ley 11.769 establece en su aparatado del artículo 78 que “podrán incluirse en las facturas conceptos ajenos a la prestación del servicio público, cuando tal procedimiento hubiera sido expresa e individualmente autorizado por el usuario y aprobado por el Organismo de Control y siempre que se permita el pago por separado de los importes debidos exclusivamente a la prestación del suministro eléctrico”.
Respecto al “ok previo” de los usuarios, es el aspecto más ambiguo dado que queda sujeto a la interpretación. La existencia de un marco regulatorio inherente a las cooperativas le permitirían al Consejo de Administración (y su asamblea) expresar “el sentir” de los usuarios, más allá de una palpable falta de legitimidad social en los ciudadanos.
Pese a este último punto, desde el Oceba consideran que los primeros dos puntos no han seguido los lineamientos para concretar un cobro de manera correcta.
Además, hay que sumar el hecho de que la llamada “Cuota capital” debe ser aplicada a obras de infraestructura y no a la cobertura de gastos corrientes.
Este martes, el gobierno de la provincia de Buenos Aires reglamentó la asignación de un subsidio de 2.800 millones de pesos a las distribuidoras municipales del servicio de energía eléctrica.
La publicación realizada a través del boletín oficial, detalla los montos que le serán asignadas a través del Fondo Provincial de Compensaciones Tarifarias para “cubrir las necesidades de gastos de mantenimiento e inversión del servicio que prestan, correspondientes al año 2021".
En ese marco, a la cooperativa de Olavarría le fueron asignados 96 millones de pesos. Según detallaron fuentes del Oceba, se abonará en tres cuotas entre diciembre y febrero.
La agrupación opositora de Coopelectric que no pudo participar de las últimas elecciones porque la Junta Electoral dictaminó que no contaba con los avales suficientes, emitió un duro comunicado en el que acusó a la conducción de realizar un “atropello institucional” a través del cobro de la cuota capital.
“En un intento desesperado, de la lista amarilla y sus socios políticos, por subsanar el déficit histórico de la Cooperativa Ltda de Consumo de Electricidad y Servicios Anexos ha optado nuevamente, en conjunto con el poder de turno, meterles la mano en el bolsillo a los vecinos” señalaron.
En ese sentido, calificaron la determinación como “una maniobra poco ética e ilegal, con tintes abusivos”. “Bajo el lema «la Cooperativa somos todos» se los está obligando a que se hagan cargo de las pérdidas, de la mala gestión y administración de años” expresaron.
Para “Nueva Energía” la “Cuota Societaria” no es otra cosa que “afirmar que los vecinos no sólo son «estafados» sino que ratifica que únicamente son «socios cooperativistas» en las pérdidas sin beneficio real alguno y en perjuicio de sus bolsillos” explicaron.
Finalmente anunciaron que “con el fin de proteger a los usuarios cooperativistas AUNE comunica que efectuará las denuncias al caso ante los organismos provinciales y nacionales pertinentes y asesorará e informará a los vecinos para ponerle un freno a tan desmesurado atropello institucional”.
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