

Pese a la insistencia de la oposición de pedir la cesantía, Juntos ratificó en su banca a un concejal acusado de ser proveedor del Municipio de Olavarría.
Un nuevo capítulo de la polémica por la permanencia en su banca del concejal de Juntos, Javier Frías, acusado de ser socio de una empresa de panificados que es proveedora del Municipio de Olavarría, se desató este jueves durante una nueva sesión ordinaria del HCD.
El oficialismo ratificó la postura tomada durante las últimas dos sesiones (rendición de cuentas y ordinaria). La decisión del concejal Javier Frías de ceder a sus hermanos los derechos de comercio y acciones hereditarias del fondo de comercio de su padre, conocida días antes de la sesión hacía prever que ese sería el camino elegido pese a los embates del Frente de Todos y “Ahora Olavarría” (espacio referencaido en José Luis Espert).
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Antes del tratamiento de los proyectos en curso, el concejal del Frente de Todos, Juan Sánchez trajo nuevamente el tema a colación y pidió la cesantía del edil que responde al intendente Ezequiel Galli.
Tal como anticipó Infocielo, el Frente de Todos decidió formar parte de la sesión – se había retirado de las últimas dos convocatorias – a raíz de la intervención del Tribunal de Cuentas de la Provincia y la Asesoría General de Gobierno, quienes ya estudian el caso y brindarán una respuesta a las consultas realizadas por la oposición en torno a una supuesta “inhabilidad” del concejal acusado de proveedor.
“La ley es clara y dispositiva y el análisis solo tiene una sola salida que es la cesantía del concejal, proveedor confeso. Por tercera vez solicitamos que se aplique la LOM que rige todo nuestro accionar, declarando la cesantía del señor Frías como concejal en ejercicio y se convoque a asumir al concejal siguiente” advirtió.
Ante el requerimiento, la presidenta del HCD, Cecilia Krivochen, recordó que el cuerpo deliberativo “ya ha tomado una decisión sobre este tema e informo que acabo de recibir una actuación notarial con lo cual sostengo lo que expresa el artículo 14 que es decisión del cuerpo y el cuerpo ya se expresó al respecto” explicó.
“Entendemos que el cuerpo se debe expedir pero no en una votación sino que es una manda legal que debe declararlo cesante” replicó Juan Sánchez. Ante la negativa, volvió a la carga para dejar asentada la postura de su bloque.
En ese sentido, mencionó declaraciones del intendente Ezequiel Galli y sus funcionarios que habrían intentado minimizar el hecho y colocar en condición de víctima al concejal señalado: “Queremos desterrar y desbaratar este burdo intento por transformar al concejal proveedor inhábil en vez de cómplice con el Ejecutivo de Galli como es en una víctima del malvado accionar político de este interbloque” lanzó.
“Todos los defensores municipales esgrimen que el proveedor es la Sucesión, como si no fuera un patrimonio indiviso, que el porcentaje es menor. Es decir, es proveedor en un 16,6 % y por lo tanto cometió un acto de corrupción solo en el 16,6% Es inaudito y encima lo ponen como justificativo” advirtió.
Además lanzó otra dura acusación en torno a las adjudicaciones: “decían que se adjudicó siempre siendo el precio más bajo y en concursos públicos. Hay al menos dos adjudicaciones directas y una readjudicación. Esas adjudicaciones directas son una de 174 mil pesos y otra de 17 mil pesos” indicó.
Tras las acusaciones, Guillermina Amespil y Martín Endere, concejales de Juntos salieron en defensa de Javier Frías.
Amespil aseveró que los dichos de Sánchez son “exagerados” y sostuvo “el RAFAM siempre estuvo habilitado y la información siempre estuvo disponible, no entendemos porqué se habla de que se descubrió si siempre estuvo visible”.
En referencia al nuevo pedido de cesantía de Javier Frías, la edil aseguró: “no respetan a las mayorías y piden votar de nuevo. Ya se votó está situación, este Cuerpo tomó una decisión en la Sesión anterior”.
Además, consideró que “no está acreditada la incompatibilidad e inhabilidad, y respecto a la corrupción no podemos hablar de corrupción cuando están todas las cosas a la vista. Están ensuciando para generar ruido y prejuicio, en este Concejo Deliberante se está diciendo cualquier cosa sin ningún tipo de respaldo”.
Sobre las compras del Municipio al comercio de la Sucesión de la Familia Frías, la concejal dijo: “no hay ninguna factura presentada durante el 2022 y tampoco se realizó un pago, lo saben y no lo dicen porque se aparta del relato que quiere imponer el Frente de Todos”.
Por su parte, Martín Endere se refirió al carácter consultivo de las opiniones del Tribunal de Cuentas y pidió a los ediles opositores que vayan a la justicia a hacer sus denuncias.
“Cuando sostenemos la presencia del Concejal Frías es por nuestra convicción” dijo y manifestó: “nosotros no descreemos de las opiniones técnicas del Tribunal de Cuentas y la Asesoría General de Gobierno, lo que decimos que no son imperativas sus decisiones”.
“Lo que busca el Frente de Todos es generar un hecho mediático. Están mediatizando cuestiones políticas. Seamos justos en la manera que lo planteamos”, expresó.
“Acabemos de ensuciarle la cabeza al vecino, remítanse a la justicia y si la justicia les da la razón seré el primero en pedir disculpas: dejemos de montar un show mediático”, indicó el concejal Martín Endere.
Finalmente, el presidente del bloque de Juntos cerró: “veo una oposición totalmente dispuesta a obstaculizar a la gestión municipal e infundir miedo a los vecinos”.
Durante el debate, también se expresó la concejala Celeste Arouxet (Ahora Olavarría), quien subrayó que el propio concejal aludido reconoció que era proveedor y si lo acepta “debe devolver los sueldos y hacer todo lo que la metodología marca. Pero siempre la culpa la tenemos los concejales”.
Si bien no utilizó el término corrupción, habló de “un gravísimo error que no lo están asumiendo. Era más sencillo, había que aceptar que un proveedor municipal cobró un sueldo por siete meses sin tener que cobrar. La inhabilidad está admitida. Y esos errores se llevan plata de la gente” advirtió.
Finalmente, la titular del interbloque del Frente de Todos, Mercedes Landívar consideró que el argumento de la “involuntariedad” del concejal Javier Frías respecto al giro de comercio carece de validez: “o se es o no se es” dijo.
“Un acto de corrupción es un acto de corrupción y punto. Pertenezca a mi espacio, al centro, a la derecha. No hay un porcentaje para la corrupción. ¿Si es el 16,6% no hay corrupción? ¿Qué le queremos decir al vecino de Olavarría? Debería haber cesado el concejal y punto. Por eso esta distracción de querer ponernos en culpables a nosotros” cerró.
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