Bolívar: Corregirán una Tasa municipal tras el reclamo de estacioneros

Estacioneros de la ciudad de Bolívar pusieron el grito en el cielo luego de los cambios realizados a la fórmula de cálculo de la Tasa de Seguridad e Higiene aprobada – a fines de 2021- durante la discusión de la ordenanza fiscal e impositiva por el Concejo Deliberante impulsada por la gestión del intendente Marcos Pisano (FdT).

La nueva fórmula, definió que para aquellas estaciones que expendan más de 10.000 litros de combustible al mes, un pago fijo de $ 200.000 más $ 15.000 por surtidor y $ 0.50 por cada litro vendido, una cifra que, para algunas estaciones, significaría desembolsos superiores a los $ 500.000 por bimestre.

La situación generó un fuerte reclamo en los empresarios afectados. Este martes la Federación de Entidades de Combistibles (FEC) difundió un comunicado en el que anunciaba la determinación de presentar un recurso de amparo. En ese marco, puso a disposición de cada expendedor “un borrador del modelo escrito para que cada expendedor de la zona de Bolívar acuda a la justicia y presente su descargo contra la decisión del Ejecutivo municipal”.

Para la entidad nacional se trataría de “un impuesto disfrazado bajo la apariencia de una tasa”.

Fuentes ligadas al oficialismo municipal, consideraron que el comunicado de FEC “va a destiempo”, dado que a nivel local hubo una serie de reuniones y negociaciones con referentes del sector.

Producto de esas conversaciones, se definieron una serie de modificaciones a la base imponible y de ampliación de las deducciones (en algunos casos podrían ser de hasta un 25%). Las novedades se conocerían durante la tarde de este martes a través de un decreto oficial.

“Se buscó generar un poco de igualdad en el sector” reconoció una fuente local vinculada a las negociaciones . En ese sentido, consideró que con el esquema previsto se reordena lo existente y “todos van a pagar lo que tenían que pagar”.

Sin embargo, no se descarta que estas readecuaciones generen nuevas quejas entre quienes tendrán que pagar mayores costos por sus prestaciones y consensos en aquellos que vean al cobro del tributo como más justo y razonable.