LO CONFIRMARON A ENACOM

Claro y Movistar devolverán lo que cobraron de más en enero y febrero

Las empresas de telefonía móvil devolverán a sus clientes los importes cobrados indebidamente durante los dos primeros meses del año, mientras que Personal será sancionada.

Las empresas de telefonía móvil Claro y Movistar reintegrarán a sus clientes los importes que cobraron de más durante los meses de enero y febrero. Así lo confirmó este lunes el vicepresidente del Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM), Gustavo López.

Sin embargo, Telecom (Personal) se negó a cumplir con la ley vigente sobre materia tarifaria por lo que probablemente le quepan sanciones en consecuencia.

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Fue en diálogo con Télam Radio que López advirtió que los usuarios de Movistar y Claro con la facturación de marzo “van a recibir el reintegro de lo que les cobraron por encima de lo autorizado en enero y febrero". Al mismo tiempo, el vicepresidente del ENACOM remarcó que Telecom continúa por fuera de la ley y será sancionada como corresponde.

Antes de Movistar y Claro, Telecentro y DirecTV fueron quienes regularizaron su situación ajustadas a la legislación vigente. Telecom es la única que no cumplió con el decreto 690 y además se niega a hacerlo.

En efecto, Gustavo López aseguró que será "sancionada y se le cobrará intereses por lo que le están cobrando incorrectamente a los usuarios", y adelantó que el Estado actuará hasta las “últimas consecuencias”.

Cabe recordar que el DNU 690/20 tuvo como objetivo garantizar el derecho humano de acceso a las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) por cualquiera de sus plataformas, lo que requirió de la fijación de reglas por parte del Estado para asegurar un uso equitativo, justo y a precios razonables con el fin de beneficiar el interés público, ofreciendo al usuario y usuaria mayor variedad de servicios a precios más bajos, sin que ello sea en detrimento del principio de competencia, por lo que se procuró generar eficiencia y rentabilidad económica para las empresas prestadoras.

Mediante el decreto se estableció servicio público al acceso a las tecnologías de la información y comunicación y estableció una prestación básica con un esquema de precios regulados.

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