Una verdadera polémica se desató en la localidad costera de Mar del Plata por la entrega de unos terrenos a organizaciones sociales por parte del Estado, pero con fines diferentes a los que estaba destinados, según denunciaron desde Juntos.
Según señalaron, se trata de un predio que hace casi cien años donó la familia Peralta Ramos para que allí se levantaran establecimientos educativos. Ahora, desde la localidad denuncian que Provincia y Nación los cedieron a una organización social para que construya viviendas.
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“Se crearon tres establecimientos, pero lamentablemente aunque hay demanda no se hicieron otros a lo largo de los años. La Dirección General de Escuelas se lo donó a la Secretaría de Integración Socio Urbana nacional y a través del MTE desarrollan un plan de viviendas”, denunció la diputada del PRO, Johanna Panebienco a la FM 99.9.
La legisladora, que responde al intendente local Guillermo Montenegro, aseguró que el Estado y la organización “asociados deciden construir viviendas”, al tiempo que aseguró que “la gravedad es que no les interesa la educación, usan la necesidad de la gente para desarrollar sus negocios”.
En ese plano, la legisladora aclaró que esa construcción de viviendas en el barrio Fortunato de la Plaza, “no cuenta con habilitación de los servicios ni de nada por parte de la Municipalidad”.
“La dificultad de esta situación es que tienen la cesión de los terrenos. La gravedad institucional y política es que hay una funcionaria que dice que la parcela ‘no reviste interés educativo’, cuando es un terreno que fue donado con ese fin”, marcó.
Por esto, la diputada presentó un pedido de informes en la Cámara de Diputados para que se pueda aclarar desde la Provincia cómo fue la cesión de estos terrenos ubicados entre las calles Camusso, Arana y Goiri y De los Inmigrantes.
Panebianco también marcó que en la última sesión ordinaria del Consejo Escolar, la consejera Natalia Russo informó que se había firmado “de manera informal” la cesión de las tierras. “Tanto la comunidad marplatense como el resto de los consejeros escolares desconocen los términos particulares del convenio firmado entre la Dirección General de Cultura y Educación y la Secretaría de Integración Socio Urbana”, manifestó.
“Es de suma preocupación que el Estado, en este caso garante de que el espacio donado se destine a la construcción de establecimiento educativos, desestime esto unilateralmente y, en esta irregularidad, termine convalidando la toma de tierras por parte de organizaciones afines al gobierno”, marcó en el articulado.
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