Maduro detiene a 64 mil personas sin juicio por 'estado de excepción'

El título de este artículo fue escrito adrede tergiversando una información verdadera en un sólo punto: El nombre del presidente del país en el que se aplica este llamado "Estado de excepción". Donde dice Maduro hay que poner Bukele, es decir que el suceso existe, pero no en Venezuela sino en El Salvador.

Y más allá de estar a favor o en contra de la política de encarcelar decenas de miles de hombres con aspecto de pandilleros, aparentemente integrantes de las famosas 'maras', el punto es intentar interpretar la razón por la que una acción que viola principios esenciales de los derechos humanos más básicos, es festejada desde el conglomerado de medios corporativos, y tratar de imaginar que produciría en esos mismos medios y en sus lectores, si la situación tuviera lugar en un país controvertido desde iguales situaciones de respeto a los derechos humanos, pero de signo político-económico contrario.

El estado de excepción limita la libertad de asociación, y suspende el derecho de una persona a ser debidamente informada de sus derechos y motivos de arresto, así como la asistencia de un abogado.

El Congreso salvadoreño dominado por Bukele también aprobó algunas reformas al Código Penal para convertir en delito el hecho de formar parte de una pandilla, lo que puede sancionarse con una pena de 20 a 40 años de prisión. Los cabecillas pueden recibir condenas de 40 a 45 años.

DESCRIPCIÓN SIN ADJETIVACIÓN

Lo que más sorprende es la 'asepsia' con la que medios importantes alrededor del mundo (y por supuesto que también en Argentina), describen la nueva cárcel inaugurada hace pocos días por el mandatario salvadoreño.

Allí se observan miles de hombres con sus cuerpos tatuados y pelo rapado, vestidos apenas con un pantalón corto, esposados, y obligados a caminar agachados, colocándolos luego sentados uno tras otro en fila, para ser filmados y utilizados como ejemplificación de la 'mano dura'.

Organizaciones de derechos humanos vienen denunciando desde hace casi un año el "estado de excepción" instaurado por Nayib Bukele en El Salvador, que le está reportando una alta popularidad, aunque implique pasar por alto las más arraigadas normas republicanas en los estados democráticos, algo que mucho se declama cuando quienes los que violan este equilibrio de poderes tienen un signo político y medidas económicas diferentes a las propulsadas por el mandatario centroamericano.

El diario La Nación escribió: "En su lucha contra los pandilleros, Bukele inauguró en El Salvador la cárcel más grande de América". A este método de rápida "limpieza" de las atribuladas calles salvadoreñas simplemente se lo describe como 'lucha contra los pandilleros'.

Otros medios incluyen el término "guerra", quizás con la intención de justificar hacerlo por fuera del estado de derecho.

Luego agrega La Nación: "El presidente salvadoreño, Nayib Bukele, inauguró la megacárcel “más grande de América”, con capacidad para 40.000 prisioneros, a la que ya trasladó a los primeros 2000 pandilleros".

Infobae dice: "Cómo es por dentro la nueva megacárcel de El Salvador, la prisión más grande de América.

"El Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT) fue construido en tiempo récord, tiene muros electrificados, celdas de castigo, un sistema que bloquea celulares y puede albergar hasta 40.000 reos. El presidente Bukele anunció que servirá para recluir a los pandilleros. “Esta será su nueva casa, donde vivirán por décadas sin poder hacerle más daño a la población”.

Clarín, por su parte escribe: "Video: el cinematográfico operativo de Nayib Bukele para mudar a 2.000 pandilleros a una nueva mega cárcel en El Salvador".

Si bien en sus textos, a diferencia de en los títulos, suelen incluir la palabra "polémica" al referirse a la medida, o "polémico", al hablar del gobernante, lejos están de llanar "dictador" al sujeto en cuestión, o "régimen" al gobierno que Bukele encarna.

Por eso la pregunta que queda flotando es ¿cómo abordarían estos mismos medios la tarea de narrar un hecho de similar magnitud si quien lo llevara adelante fuese el sistema (régimen?) político venezolano?.

¿Que la población apoye una medida violatoria del estado de derecho, aunque solucione el problema de la inseguridad, alcanza para justificarla o hasta elogiarla?

¿A nadie en los medios corporativos le parecen demasiado similares a las mismas medidas tomadas en otras épocas por regímenes dictatoriales tanto de izquierda como de derecha? ¿Hay justicia sin juicios justos?