

El estudio de la UNLP revela que cayó el porcentaje de los ingresos que las familias deben destinar al pago de la luz y gas.
El estudio fue publicado por el Monitor de Tarifas del Observatorio de Servicios Públicos de la UNLP que la modificación se da a partir de las políticas adoptadas por el Estado Nacional para atender la Emergencia Tarifaria desde diciembre de 2019, tomando al proceso de evolución entre 2015 y 2021.
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La reducción representa la mitad del gasto que representaban las facturas de los servicios de luz y gas respecto a los ingresos en los hogares.
“Un hogar que percibía en junio de 2019 un Salario Mínimo, Vital y Móvil debía destinar un 22,4% al pago de las facturas de ambos servicios. En el mismo mes pero de 2021, un 12%. Y una familia a la que sólo le ingresaba una jubilación mínima en mayo de 2019 pasó de destinar un 26% a un 12,3%, en junio de 2021 para pagar ambos servicios”, describe el informe.
También se deduce de las estadísticas que se registró un amesetamiento entre fines de 2019 y el primer trimestre de 2021 producto del congelamiento tarifario dispuesto por el Poder Ejecutivo Nacional.
Sumado a eso, el rol de los programas de asistencia también desplegados a nivel federal tuvo un efecto que posibilitó que en 2020 salieran de la indigencia y pobreza energéticas 2,8 millones de hogares, tal como lo evidencia el anterior informe el OSP-UNLP1.
También el informe hace referencia a la aplicación del Régimen de Zona Fría que posibilitará un alivio de un 30% en las facturas a partir de julio pasado que alcanzará el 50% para los hogares más vulnerables.
El informe revela también una asimetría entre la evolución de los ingresos de las familias y los ingresos de las empresas del sector energético.
Mientras los ingresos familiares entre diciembre de 2015 y diciembre de 2020 se multiplicaren en promedio por 5,14 veces, los ingresos brutos de las distribuidoras de luz y gas lo hicieron por 21 y 10,4 veces, respectivamente, tomando un promedio ponderado.
Las Pymes también tuvieron un impacto que se sumó a la crisis por la pandemia del Coronavirus.
“El informe demuestra que, de forma similar a los hogares, padecieron una grave situación producto de los incrementos tarifarios ocurridos entre 2016 y 2019, cuyos efectos aún resultan ostensibles”.
“En efecto, mientras los valores de las facturas de gas y de luz que este segmento productivo debió afrontar se multiplicaron por 44 y por 32 respectivamente en promedio, se produjo el cierre de 24.500 PyMEs y la pérdida de más de 126.000 puestos de trabajo en todo el país (AFIP-SIPA)”, detalla el comunicado.
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