Política y Economía Municipios
POLÉMICA EN LUJÁN

A pesar de una ordenanza y denuncia penal en contra, el oficialismo quiere instalar la Termoeléctrica

En una polémica sin fin, el oficialismo de Luján busca tratar nuevamente su instalación en una sesión especial. La oposición denunció penalmente al Intendente Luciani y dos funcionarios más por “mal desempeño de la función pública”. Además, en la ciudad rige una ordenanza que prohíbe la radicación de industrias tipo 3.

A pesar de que la ciudad ya tiene una ordenanza que impide la radicación de industrias tipo 3 y que la denuncia penal contra el intendente Luciani y otros dos funcionarios avanza en la justicia, este lunes el HCD local podría volver a tratar la instalación de la polémica Termoeléctrica, de la firma Araucaria Energy.

El oficialismo argumenta que su radicación es inevitable, debido a que la empresa ya se encuentra radicada en la localidad, a pesar de no haber conseguido nunca su aprobación por parte del Concejo Deliberante.

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Sin embargo, hoy el bloque de Cambiemos prometió que “evaluaría” si llama finalmente a una sesión extraordinaria por el tema, luego de que en el recinto ingresaran vecinos ambientalistas que rechazan el arribo de la Termoeléctrica.

“El compromiso del presidente del HCD es que Cambiemos evaluará si retira el proyecto del lunes. Hay muchas irregularidades. En noviembre del año pasado fue la primera presentación en el Concejo Deliberante sobre el tema y para entonces ya se había construido el 90% de la Termoeléctrica ”, dijo para este medio César Siror, concejal de Unidad Ciudadana.

En Lujan, no solo ya se sancionó una ordenanza que impide la instalación de industrias clasificadas como tipo 3, tras una serie de casos de cáncer que habrían sido motivo por vuelcos de químicos por parte de las empresas del cuero que se radicaron en la parte alta de la cuenca del Luján, sino que también las “fuertes presiones” que habría recibido el intendente Oscar Luciani (Cambiemos) llevaron a que la Termoeléctrica se construya sin su aprobación.

Vecinos manifestándose en contra de la termoeléctrica en el HCD. 

Es que la misma tendría una vinculación muy cercana con algunos funcionarios de primera línea del gobierno nacional. 

Cuando el rechazo generalizado de la población llevó a que la ordenanza se retirara, el gobierno municipal sufrió un feroz recorte de la obra pública, así como el freno momentáneo por parte del gobierno Provincial, acerca de la aprobación del Código de Ordenamiento Urbano que había sancionado el Concejo Deliberante local. Todo un mensaje.

Ahora, tras el nuevo intento del oficialismo para que la Termoeléctrica finalmente se instale en Luján, la oposición denunció penalmente al intendente y a dos de sus funcionarios, el Secretario de Obras Publicas Marcelo Gutiérrez, y el Director de Planeamiento Carlos Patetta.

“Luciani sigue cometiendo delito, y las consecuencias para la comunidad de Luján son irreparables”, manifestaron los concejales del peronismo en un comunicado.

Del nuevo material aportado a la investigación, surge notoriamente la intencionalidad y deliberada determinación del Intendente y sus colaboradores inmediatos de `acomodar´ la gestión administrativo-institucional en beneficio concreto de Araucaria Energy S.A, explicaron, al tiempo que agregaron que de esta forma “incurrieron de modo constante e invariable en la conducta prevista en los artículos 248 y 249 del Código Penal Argentino”.

En el avance de la investigación a cargo del fiscal Pablo Vieiro, de la UFI N° 10, se detalla la solicitación a la Secretaría de Legal y Técnica del Municipio, “copias certificadas de expedientes y ordenanzas”.

También se libraron oficios a la Oficina de Asesoramiento Técnico, en consulta sobre la persona jurídica de la empresa Araucaria Energy S.A., y a Licenciada en Criminalística del Ministerio Público Fiscal para constatar el estado de la construcción de la termoeléctrica.

En un nuevo y desesperado intento, Luciani y sus concejales buscarán aprobar este lunes una nueva rezonificación para beneficiar a la empresa, a pesar de la prohibición existente para este tipo de industrias, y de haber sido oportunamente derogada la ordenanza que generó este escándalo institucional sin precedentes, destacaron.

La situación que mantiene al vilo del conflicto en la población y la instalación de termoeléctricas, también afecta a otras comunidades, como Benito Juárez, Pilar-Escobar, San Nicolás, entre otras ciudades de la provincia. 

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