Joelton Gusmão de Oliveira, un brasileño seguidor del ex presidente Jair Bolsonaro y buscado internacionalmente, fue detenido en la estación de trenes de la ciudad de La Plata por un pedido de extradición del Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil, en relación con los ataques antidemocráticos del 8 de enero de 2023 en Brasilia.
Oliveira, quien se encontraba en situación de prófugo, fue arrestado mientras intentaba renovar su documento migratorio, una gestión que llamó la atención de los oficiales.
Según se informó, una actitud sospechosa identificada por la policía fue clave en su detención, aunque la verdadera razón es el pedido formal de extradición.
PRÓFUGO Y CONDENADO
El caso de Oliveira y su esposa, Alessandra, quienes recibieron una condena de 17 años de prisión cada uno el pasado 21 de febrero, por su participación en la invasión violenta de la Plaza de los Tres Poderes en Brasilia, es parte de un esfuerzo mayor del gobierno brasileño para asegurar la extradición de aquellos acusados de participar en los actos del 8 de enero de 2023.
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Hasta ahora, Brasil emitió 63 solicitudes de extradición a Argentina, buscando el regreso de ciudadanos brasileños que, como Oliveira, enfrentan acusaciones por delitos graves, entre los que destacan actividades terroristas y violaciones a los derechos humanos.
Un elemento paradójico para este caso quizás desde lo ideológico, es la reciente reforma en las políticas migratorias, impulsada por el presidente Javier Milei.
Porque estas modificaciones establecen que las personas acusadas o condenadas por delitos graves, incluidos actos terroristas o violaciones de derechos humanos, ya no son elegibles para el estatus de refugiados.
Este cambio representa un obstáculo significativo para aquellos, como Oliveira, que han buscado refugio en el país bajo el argumento de que las acusaciones en su contra son de índole política y no criminal.
Según familiares de Oliveira, su captura vulnera los principios del derecho de asilo, ya que consideran que él y otros prófugos son perseguidos por motivos políticos.
En este contexto, los familiares de Oliveira cuestionarom el proceder de las autoridades del país, argumentando que la detención podría violar normas que garantizan la protección de los solicitantes de refugio hasta que sus casos sean resueltos.
FIEL SEGUIDOR DE JAIR BOLSONARO
La hija de Oliveira, Agnes, denunció que la situación es una muestra de persecución política y enfatizó que, antes de las recientes reformas, había una expectativa de que su solicitud de refugio sería aceptada, dado el enfoque tradicionalmente garantista de Argentina en temas de derechos humanos. Ya no.
Datos recientes indican que, hasta octubre de 2023, 185 brasileños habían solicitado refugio, en comparación con solo tres pedidos realizados en 2022.
Este incremento notable parece estar vinculado a las tensiones políticas en Brasil, especialmente después de los incidentes del 8 de enero del año pasado cuando los seguidores de Jair Bolsonaro intentaron rechazar el resultado de las elecciones como había sucedido en 2021 con Donald Trump en Estados Unidos.
La mayoría de los solicitantes ‘de asilo’ son hombres, y el pico de solicitudes se registró en mayo de este año, lo que sugiere que los brasileños acusados en relación con los ataques buscaron en Argentina un refugio temporal frente a las represalias legales en su país de origen.
El arresto de Oliveira en la estación de 1 y 44, sin embargo, puede ser una señal de cambio en la tradicional política argentina de recibir a solicitantes de asilo, especialmente a medida que el país endurece su postura ante casos de prófugos de la justicia que buscan evitar condenas en sus países de origen.
