

La gobernadora de Río negro, Arabela Carreras, acusó a manifestantes bonaerenses de militar temas en la Patagonia con mayor vehemencia que en sus distritos.
La polémica desatada tras la “La séptima marcha por la Soberanía” protagonizada por militantes kirchneristas y sectores de izquierda en inmediaciones al Lago Escondido que derivó en enfrentamientos y acusaciones cruzadas con estancieros y empleados de la zona, sumó un nuevo capítulo tras una fuerte acusación de la gobernadora de Rúo Negro, Anabela Carreras (Juntos Río Negro).
Durante una entrevista con Jorge Fontevecchia en diario Perfil, la mandataria provincial acusó a los militantes bonaerenses que llegaron a la provincia sureña de no militar en sus ciudades de origen algunas causas contra las multinacionales con la misma intensidad que lo hacen en la Patagonia.
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“Nos encontramos con una militancia de la provincia de Buenos Aires que viene a exponer sus conceptos ideológicos sobre la Patagonia y militan temas que no vemos que se militen frente a las multinacionales que seguramente tienen propiedades en la provincia de Buenos Aires” sostuvo.
Anabela Carreras aclaró que los ciudadanos patagónicos defienden “el acceso a los cursos de agua y a los lagos desde hace muchísimos años” pero se quejó de la “arrogancia” con la que los militantes bonaerenses mostraron en el sur: “Aquí está mal visto que vengan con esa prepotencia y atropellen a los vecinos que toda la vida vivieron en ese lugar” lanzó.
La gobernadora a su vez, negó que la policía provincial decidiera no intervenir en el conflicto con los vecinos – a quienes los manifestantes señalan como empleados del magante Lewis-.
“Nosotros pusimos recursos públicos de la Provincia de Río Negro para evitar esta situación y cuidamos la integridad física de las personas con ambulancias. Aprovecho para contarte que el personal de salud no quería ir por las agresiones que recibía por parte de los militantes. También pusimos policías. Está todo filmado, porque instalamos cámaras para registrar cualquier intervención y descartar abusos por parte de la policía, conociendo la costumbre de denunciar que tienen estas personas” advirtió.
En esa dirección, afirmó que “un grupo de 8 o 10 personas evadieron el control policial, rompieron un alambrado en un lugar que no estaba a la vista de la policía, e ingresaron en los campos, a unos 1.000 metros de donde estaba el puesto de control. Allí se enfrentaron con los vecinos dueños de esos campos” explicó.
La gobernadora rionegrina se mostró de acuerdo “con la libertad de expresión” y la posibilidad de acceso al curso de agua del lago pero advirtió que “requiere grandes recursos públicos por la forma en que ha sido comprada y vendida en la tierra en la Patagonia” dijo. "Para llegar a Lago Escondido hay que expropiar y alambrar, y no es nuestra prioridad" advirtió.
La séptima marcha por la Soberanía” en la que participaron dirigentes y organizaciones del kirchnerismo y la izquierda fue impulsada por la Fundación Interactiva para promover la Cultura del Agua (FIPCA) que lidera Julio César Urien, un exmilitar de paso Montenero que tuvo paso por la gestión de Daniel Scioli como presidente de Astilleros Río Santiago.
Entre algunos de los funcionarios y militantes presentes se encontraba el platense Gastón Harispe, diputado del Parlasur del Frente de Todos, quien fue agredido y demorado durante las protestas, el diputado nacional y ex ministro bonaerense de Salud, Daniel Gollan, el médico kirchnerista Emilio Rachid, Gabriel Berrozpe, hijo del sindicalista bancario Eduardo Berrozpe y la dirigente del MS Celeste Fierro, entre otros. Además participaron dirigentes de CTA, ATE y otras organizaciones gremiales y políticas.
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