Un ministro macrista deberá declarar como testigo

El juicio político a los integrantes de la Corte Suprema de Justicia por supuesto mal desempeño continúa. Ayer se realizó la tercera audiencia testimonial en la que se esperaba al fiscal federal Carlos Stornelli. ¿Cuáles serán los próximos pasos?

La primera parte de la reunión del martes estuvo abocada al nuevo faltazo de Stornelli. Los legisladores de la oposición, que tienen mayoría, confirmaron que lo denunciarán ante la Procuración General. Buscan que se le "inicien las acciones disciplinarias correspondientes".

Quien sí asistió a la audiencia y declaró como testigo fue el secretario de Coordinación Institucional de la Procuración General de la Nación, Juan Manuel Olima Espel. El funcionario había sido citado por una conversación que mantuvo con el ministro de Justicia y Seguridad porteño, Marcelo D'Alessandro.

"Por mi función trato con funcionarios nacionales como provinciales de los tres poderes, interactúo permanentemente, dentro del marco de mis funciones. Particularmente ese no lo recuerdo", dijo en relación a esa conversación puntual. Olima Espel también contó que tiene la costumbre de "limpiar las conversaciones cada dos o tres meses".

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Germán Garavano fue ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Nación durante toda la presidencia de Mauricio Macri.

Fuente: NA/Daniel Vides.

Las próximas audiencias

La Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados de la Nación definió ayer los próximos pasos. Según se informó, habrá al menos unos nueve testigos de renombre vinculados tanto al oficialismo como a la oposición en las siguientes audiencias testimoniales.

Para el 21 de marzo, martes de la semana que viene, fue citado a declarar quien fuera ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Nación durante el gobierno de Mauricio Macri, Germán Garavano.

También fueron convocados el senador nacional del PRO Pablo Torello, el exfuncionario de Cambiemos Fabián "Pepín" Rodríguez Simón (cuya citación será comunicada a Interpol por su condición de prófugo), el exfuncionario del Ministerio de Justicia Santiago Otamendi y el doctor Horacio Diez.

El 28 de marzo será el turno de las voces del gobierno. La comisión citó para ese martes al ministro de Interior, Eduardo "Wado" De Pedro, el procurador del Tesoro, Carlos Zannini, el procurador general de la Ciudad, Gabriel Astarloa, y el gobernador del Chaco, Jorge Capitanich.

Otros testigos

En la jornada de ayer también compareció el abogado Sebastián Garay, de la Secretaría de Juicio Originarios de la CSJN, a quien la diputada Vanesa Siley (FdT) le consultó si "participó en alguna de las causas que son objeto de este juicio político", a lo cual Garay contestó que no.

Garay, de la vocalía del Horacio Rosatti, respondió preguntas acerca del trabajo en la Corte. Fue consultado acerca de una inundación en el despacho de Silvio Robles y Natalia Monayer, pero dijo que no le constaba que sus computadoras "hayan quedado fuera de servicio".

En este sentido, Monayer, también parte de la vocalía de Rosatti, dijo que integraba grupos de chats con los integrantes de la vocalía y que tiene acceso al sistema interno Lex 100. Consultada sobre la inundación, Monayer dijo que "ninguna de las computadoras del despacho sufrió ningún daño".

Durante el interrogatorio, el diputado Leopoldo Moreau (FdT) pidió dejar constancia "que la testigo es reticente".

El diputado Álvaro González (PRO), se refirió también a la inundación del despacho diciendo que "se le pretende atribuir daños que, hasta ahora, los testigos que hemos ido escuchando no han validado".

Como respuesta, Monayer insistió con que "no se dañaron computadoras, ni expedientes judiciales, lo que se ha dañado es el aire acondicionado y la instalación eléctrica".

Luego de los interrogatorios, el diputado Mario Negri, presidente del bloque de la UCR, aseguró: "se ha demostrado que los puntos que son la guía del juicio político están en la banquina, ha quedado demostrado que hay una desesperación por conseguir alguien que quiera decir algo, si es posible mejor en contra de la justicia y la Corte".

En cambio, Moreau advirtió que "la existencia de un Poder Judicial que, en sus más altas jerarquías, tiene enquistada una mafia". "Desconocer el significado de la banda de Lago Escondido y no impulsar que se esclarezca, es de una gravedad inusitada, es dejar a la libertad de las personas librada a un grupo de delincuentes", dijo.