Pablo Ventura, el joven remero que estuvo preso tres días como sospechoso por el crimen de Fernando Báez Sosa, asesinado en enero de 2020 en la ciudad balnearia de Villa Gesell, luego de que los rugbiers lo mencionaran como autor del crimen y que poco después fue desvinculado del caso demandó al Ministerio Público Fiscal del Poder Judicial bonaerense por 10 millones de pesos como resarcimiento por los daños sufridos por esa “infundada e injusta detención”.
La demanda fue presentada por el nuevo abogado de Ventura, Marcelo Olmos, ante el Juzgado de 1ra. Instancia en lo Contencioso y Administrativo de Dolores.
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“(…) Se reclama del Poder Judicial de la Provincia de Buenos Aires-Ministerio Público Fiscal en concepto de indemnización del daño moral causado al actor por la infundada e injusta detención y a más de la pérdida de la libertad y la alteración de la paz, de su honor mancillado y por la exposición pública resultante, con la consecuente violación de su privacidad e intimidad, el pago de la suma de pesos diez millones”, indicó el escrito.
En la demanda, el letrado describió la detención de Ventura y acompañó su reclamo con distintas notas periodísticas, al tiempo que propuso una serie de testigos para que declaren en el marco del expediente, entre otras pruebas.
Ventura (22) fue detenido por el crimen de Báez Sosa (18) el 19 de enero de 2020 en su casa de la ciudad bonaerense de Zárate, luego lo trasladaron a Villa Gesell donde quedó excarcelado por falta de pruebas el 21 de ese mismo mes por pedido de la fiscal de la causa Verónica Zamboni, y la orden del juez de Garantías David Mancinelli.
Desde un primer momento, el joven y su familia aseguraron que la noche del crimen (18 de enero), él había estado en Zárate donde cenó con sus padres y que nunca estuvo en Villa Gesell.
Tras su liberación, el remero regresó a su domicilio y a principios de febrero el juez Mancinelli finalmente lo sobreseyó, por lo que quedó totalmente desvinculado de la causa.
De acuerdo a los investigadores fue uno de los diez rugbiers involucrados por el crimen horas después del mismo en Villa Gesell quien señaló a Ventura como sospechoso, a raíz de lo cual, la Policía lo aprehendió por disposición del primer fiscal de la causa, Walter Mercuri, quien subrogaba a Zamboni.
El propio Ventura dijo públicamente que a los acusados no los conocía y que sólo se había cruzado con alguno en un boliche, y que no sabe por qué lo mencionaron e involucraron en el hecho.
En tanto, el juicio por el crimen de Báez Sosa comenzará el 2 de enero de 2023 y tendrá a ocho rugbiers acusados que llegarán detenidos al debate que estará a cargo del Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 1 de Dolores.
Los imputados que enfrentarán el proceso serán Máximo Thomsen (21), Ciro Pertossi (21), Luciano Pertossi (20), Lucas Pertossi (22), Enzo Comelli (21), Matías Benicelli (21), Blas Cinalli (20) y Ayrton Viollaz (22).
Los ocho están acusados de “homicidio doblemente agravado por alevosía y por el concurso premeditado de dos o más personas”, delito que prevé la prisión perpetua.
A su vez, en la causa fueron sobreseídos otros dos jóvenes acusados de ser partícipes necesarios: Juan Pedro Guarino (19) y Alejo Milanesi (20).
De acuerdo con la elevación a juicio, el crimen de Báez Sosa se produjo “entre las 4.41 y las 5 del 18 de enero de 2020, frente al local bailable ubicado en avenida 3 y paseo 102, pleno centro de la localidad balnearia de Villa Gesell.
Según la fiscal Zamboni, los ocho jóvenes que serán juzgados “acordaron darle muerte” al joven estudiante de derecho, y para ello “previamente, distribuyeron funcionalmente sus roles”, luego de que “minutos antes, al encontrarse en el interior del local bailable, tuvieran un altercado” con él, “quien se encontraba acompañado con su grupo de amigos”.
La fiscal indicó en su requerimiento que, “aprovechándose del estado de indefensión de la víctima, con el fin de darle muerte y cumplir con el plan acordado, los acusados le propinaron” en el suelo “varias patadas en su rostro y cabeza”, y los golpes le produjeron “lesiones corporales internas y externas” que “provocaron su deceso en forma casi inmediata, al causarle un paro cardíaco producido por shock neurogénico debido a un traumatismo grave de cráneo”.
El episodio quedó registrado por cámaras de seguridad y de teléfonos celulares de testigos, por lo que los sospechosos fueron identificados y detenidos horas más tarde en la casa que alquilaban, a pocas cuadras del lugar.
También fueron pruebas clave el análisis de los chats y los videos hallados en los celulares de los propios imputados y donde se hallaron mensajes como el Lucas Petossi anunciándole al resto que Fernando “caducó”, o las pericias que encontraron sangre de la víctima en prendas de vestir de alguno de los rugbiers.
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